Es un secreto a voces que el
progresismo español pretende ganar en las calles lo que
perdió democráticamente en las urnas hace menos de un año.
Las consignas dadas por sus dirigentes desde el minuto cero
y la respuesta de sus seguidores en las calles así lo
confirman. Dos huelgas generales, movilizaciones
estudiantiles, concentraciones de trabajadores públicos,
iniciativa “Ocupar el Congreso”, cortes de carretera,
algaradas ante los distintos ministerios, declaraciones y
manifestaciones son fiel demostración de esta afirmación.
A pesar de todo ello, los dirigentes de la izquierda
española aún sostienen que su labor de oposición se aleja de
la que ellos denominan como “atroz”, la oposición ejercida
por el Partido Popular en los últimos años pese a que esta
se circunscribió única y exclusivamente a la labor diaria de
diputados y senadores en sus respectivas cámaras de
representación. Basta recordar que la gestión que nos ha
traído a la crítica situación actual fue respondida con una
apacible Huelga General convocada por unas centrales
sindicales que ahora ocupan las calles un día sí y otro
también.
Si en la primera Huelga General celebrada el día 29 de marzo
estuvo marcada por una estrategia en la que la presencia de
dirigentes socialistas fue meramente testimonial, en la
prevista para el próximo miércoles día 14 de noviembre
cambia radicalmente, no sólo apoyarán con palabras la
convocatoria sino que también acompañarán activamente en las
calles a quienes han sido cómplices de una gestión que nos
ha llevado a alcanzar las tasas más altas de la Unión
Europea en desempleo y déficit público, las hemerotecas de
los principales medios de comunicación así lo atestiguan.
Por cierto, unos líderes políticos que hoy critican
vehementemente la labor de un Gobierno del que fueron
desalojados legítimamente por la decisión mayoritaria de los
propios ciudadanos como consecuencia directa de su
incapacidad en resolver los problemas que continúan
afectando a la sociedad española. Por poner un ejemplo que
clarifique esta afirmación, a finales de 2008 el Gobierno
progresista lanzó el Plan E con la intención de crear empleo
y relanzar la economía española. Años después, el Tribunal
de Cuentas publica un informe relativo al destino de los
fondos incluidos en dicho Plan en más de 8.000 municipios
señalando que ni se creó empleo, ni se gastó bien el dinero
público, ni se consiguieron los objetivos buscados.
El informe señala que los fondos del Plan E pagaron a muchas
personas que no eran desempleadas, el 67% de los
trabajadores empleados en la ejecución de los proyectos
formaban parte de la estructura de la empresa con
anterioridad. Únicamente el 4% de los que fueron contratados
específicamente para la ejecución de los proyectos
continuaron trabajando en la empresa con posterioridad. En
definitiva, el famoso Plan E ideado, planificado y puesto en
marcha por José Luis Rodríguez Zapatero y Alfredo Pérez
Rubalcaba gastó casi 40.000 euros por parado contratado
alcanzando los resultados señalados incluidos en el informe
elaborado por el Tribunal de Cuentas. En definitiva, después
de todo esto solo cabe una pregunta ¿cómo pueden alzar la
voz?
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