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El riesgo de exclusión social es cada día mayor en nuestro
país. El aumento del desempleo ha provocado un número
creciente de hogares que no tienen ningún tipo de ingresos.
A este proceso hay que añadir la reducción y el agotamiento
de las ayudas de protección social (como la prestación por
desempleo o las rentas mínimas de inserción). Efectivamente,
a día de hoy, los hogares españoles con todos sus miembros
en paro son 1.737.600. Ya hay un millón y medio de parados
que no cobran prestación. Y hay más de 300 desahucios
diarios.
La Encuesta de Condiciones de Vida (INE 2011) señala que un
21,8% de la población en España vive por debajo del umbral
de pobreza y que el 26,1% de los hogares manifiesta llegar a
fin de mes con dificultad o mucha dificultad. El número de
personas atendidas por Cáritas supera ya el millón,
multiplicándose por tres esta cifra desde 2007. Se estima
que 3.200.000 familias necesitan de organizaciones
humanitarias como apoyo a su alimentación. Unicef ha
denunciado que más de 2 millones de niños viven en España
por debajo del umbral de la pobreza, lo que afecta
seriamente tanto a su alimentación, como al rendimiento
escolar de los menores. La infancia se ha convertido en el
grupo más afectado por la pobreza en nuestro país. Sin duda,
la crisis y los recortes están afectando gravemente a la
cohesión social. La pobreza se extiende alcanzando a clases
medias súbitamente empobrecidas; se intensifica porque no
sólo hay más pobres, sino que estos tienen menos que antes.
Y lo peor es que se está haciendo crónica, es decir, que no
se consigue revertir esta situación.
A pesar de esta dramática situación, el PP no sólo no ha
sido capaz de articular una respuesta, sino todo lo
contrario, desde el mismo momento en el que tomaron
posesión, el Gobierno de Rajoy ha puesto en marcha una
política descontrolada de recortes y ajustes que está
provocando el desmantelamiento de los servicios públicos
básicos, agravando aún más la situación de muchos ciudadanos
y ciudadanas. Es más, todas las medidas adoptadas por el
Gobierno del PP se han dirigido a satisfacer las necesidades
de los mercados y de las entidades financieras, mientras que
los españoles han asistido impotentes a recortes de derechos
y a soportar los efectos negativos de esta crisis.
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 son una
vuelta de tuerca más en este proceso de reducción del gasto
social y consiguiente desmantelamiento del Estado de
Bienestar que está llevando a cabo el Gobierno Rajoy desde
su primer Consejo de Ministros. Todas las partidas sufren
nuevos recortes, que se suman a los ya impuestos en los PGE
de 2012 y al recorte de 10.000 millones de euros en
educación y sanidad. Menos becas, más copago y el colapso
del sistema de dependencia. Pero donde más dramático es el
recorte es en la red básica de servicios sociales que se ha
visto reducida a 30 millones de euros, lo que supone una
merma del 40% respecto a 2012 (entonces se destinaron
alrededor de 50 millones), pero que si la comparamos con el
último presupuesto del gobierno socialista es aún mayor, del
65%, ya que ese año el Plan Concertado estaba dotado con 86
millones de euros.
Lo más grave es que este recorte se produce en un momento en
el que el número de personas que necesitan ayuda de
emergencia en España crece. Diversos informes, de la Red
Europea contra la Pobreza, Cáritas y otras entidades del
Tercer Sector, nos advierten de que cada vez hay más
españoles que ya no alcanzan a pagar el recibo de la luz,
del agua; ciudadanos y ciudadanas que han perdido la
prestación por desempleo y necesitan ayuda para alimentos,
ropa, para pagar el comedor y el material escolar.
Los socialistas creemos que es justamente en los momentos de
crisis económica cuando más necesario se hace fortalecer el
sistema de protección social. Es más, el alcance y
profundidad de la crisis económica que estamos viviendo
exige nuevas respuestas y nuestra obligación es ofrecer
soluciones que puedan contribuir de manera inmediata a
evitar que la fractura social sea cada día mayor. Por ello,
proponemos la creación de un Fondo Estatal de Emergencia
para las Familias en situación de pobreza y exclusión social
con una dotación total para 2013 de 1.000 millones de euros,
que permita:
-Dotar a los ayuntamientos de nuevos fondos (400 millones de
euros) para reforzar los servicios sociales básicos,
multiplicando por más de 4 el Plan Concertado que tenían los
Ayuntamientos y que el PSOE dejó en 86 M€, en lugar de
reducirlo a 30 M€ para 2013.
-Duplicar los recursos destinados al Tercer Sector, a través
de una convocatoria extraordinaria de subvenciones (200
millones de euros) para el fortalecimiento de políticas de
inclusión social.
-Complementar (400 millones de euros), de acuerdo con las
Comunidades Y Ciudades Autónomas, los recursos que éstas
destinan a las rentas mínimas garantizadas, lo que
permitiría ampliar el número de beneficiarios en más de
83.000 personas.
Con este Fondo se beneficiarían más de 500.000 familias y
supondría la creación y/o mantenimiento de 30.000 empleos en
los servicios sociales.
Proponemos ampliar los recursos que se destinan a
subvencionar actividades de interés social del 0,7 al 1% del
IRPF para los contribuyentes que manifiesten expresamente su
voluntad en ese sentido.
Proponemos apoyar el mantenimiento del programa europeo de
ayuda alimentaria a las personas más necesitadas, reforzar
la financiación pública destinada a los Bancos de Alimentos
y promover un gran acuerdo para garantizar un
aprovechamiento eficiente de los alimentos evitando su
destrucción sistemática.
Proponemos evitar los desahucios mediante la renegociación
de las condiciones del préstamo, tal y como hacen las
empresas, para buscar mejores condiciones y que eso les
permita a muchos afectados por este drama mantener su
vivienda.
Y queremos hacer esta reivindicación precisamente en el Día
Internacional para la Erradicación de la Pobreza declarado
por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1993, con
el propósito de generar una mayor conciencia política y
ciudadana en torno a la necesidad de afrontar las causas de
la pobreza y de la exclusión en todos los países, y en
particular, en los países en desarrollo.
En todo el mundo, alrededor de 1.300 millones de personas
viven en la pobreza extrema y casi 1.000 millones pasan
hambre y no tienen acceso al agua potable y otros servicios
básicos como la salud y la educación. A pesar de ello, el
presupuesto de ayuda al desarrollo ha caído en España un 70%
desde 2011, alejando a nuestro país de los compromisos para
alcanzar el 0,7%. La ayuda humanitaria ha desaparecido
prácticamente del presupuesto público en un momento en que
los conflictos, el cambio climático y la subida de precios
de los alimentos están incrementando las hambrunas,
especialmente en África y países de América Latina. Se
confirma así, a partir de estos sistemáticos recortes del
Gobierno de Rajoy, la práctica desaparición de esta política
pública, seña de identidad de nuestra acción exterior,
debilitando nuestra imagen, credibilidad e influencia en el
mundo.
Por todo ello, el Partido Socialista quiere sumarse también
a las voces de la Alianza contra la Pobreza en España
(plataforma que reúne a ONGD y diversos movimientos y
plataformas sociales) que convoca concentraciones con motivo
de este día 17 de octubre en protesta por una política de
recortes que empobrece aún más a la población tanto dentro
como fuera de nuestro país.
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OPINIÓN
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CARTAS AL DIRECTOR
