El PSOE pedirá en el próximo Pleno de la Asamblea que los
programas de RTVCE considerados de interés público sean
interpretados en lenguaje de signos o subtitulados para
personas sordociegas, una petición que realizaron las
asociaciones Apascide y Acepes. Por otro lado, el secretario
de Política Social denuncia que las prestaciones de
alojamiento alternativo se limiten a un máximo de 400 euros.
El secretario de Política Social del PSOE ceutí, Pablo
Núñez, informó ayer en rueda de prensa de que su partido
pedirá en el próximo Pleno de la Asamblea que los programas
de RTVCE considerados de interés público sean interpretados
en lenguaje de signos o subtitulados para personas
sordociegas.
Esta petición fue, según ha explicado Núñez, una demanda que
realizaron las asociaciones Apascide (Asociación de padres
de sordociegos españoles de Ceuta) y Acepes (Asociación
ceutí de familias de personas sordas). Con ellas se
cumpliría, según destaca Núñez, la Ley 27/2007, de igualdad
de oportunidades, no discriminación y accesibilidad
universal a personas con discapacidad.
Por otro lado, Núñez denuncia que las prestaciones de
alojamiento alternativo se limiten a un máximo de 400 euros.
Esa fue uno de sus alegaciones durante la celebración de la
Comisión de Servicios Sociales, celebrada ayer, en relación
al tema del alojamiento alternativo, en la que cada partido
de la oposición presentó sus alegaciones a este reglamento.
“Las cifras de paro, las de pobreza y la escasez de parques
de vivienda” son algunas de las características que Núñez
resaltó para explicar que es necesario un reglamento en este
sentido. “La demanda de vivienda debe ser una prioridad para
este Gobierno”, destacó.
Así, el socialista denunció también que la partida de
800.000 euros prevista para todo el año ya se hubiese
terminado y que se hubiese tenido que modificar el crédito.
“Está colapsado”, lamentó. “La Consejería ha estimado las
propuestas más técnicas, pero nos preocupa que el reglamento
vuelve a contemplar un recorte”, detalló en referencia a la
limitación en 400 euros. “La Ciudad nos hace una rebaja que
va a afectar al bienestar de la ciudadanía”, apuntó Núñez,
quien lamentó que no hubiese “una verdadera estructura capaz
de organizar y de atender a las necesidades, como sería una
bolsa de alquiler”.
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