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Cerca de veinte trabajadores que prestan servicio en la
Consejería de Asuntos Sociales mediante un el conocido como
convenio de Inmigración, un acuerdo que se ha ido renovando
con el Estado anualmente desde 2005, terminan su próximo
contrato el 31 de diciembre. Según manifestaron fuentes
sindicales, su aportación supone prácticamente la mitad de
la plantilla de Asuntos Sociales, mientras la consejera del
Área, Rabea Mohamed, ha matizado que esta cifra se reduce a
un tercio. Tanto la consejera como el portavoz del Gobierno
y consejero de Hacienda, Guillermo Martínez, han puesto de
manifiesto la intención del Gobierno de renovar a este
personal mediante alguna fórmula, si bien por el momento los
trámites se están retrasando. Trabajadores del convenio
estiman que si no se les renueva, centros como el que
atiende a las familias desde Benzú tendrá que cerrar por
falta de personal, y otras unidades quedarán prácticamente
“desatendidas” al perder de dos a tres trabajadores cada
una.
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laboral
