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El presunto caso de intrusismo de la Ciudad Autónoma en el
sector de la Seguridad Privada sigue dando mucho de que
hablar y ayer desde el sector de Seguridad Privada de CCOO
se dio a conocer que la situación sigue deteriorándose y que
en la última reunión mantenida con el Gobierno de la Ciudad
se ha insistido en que “no hay dinero” y que hay que buscar
un final a esta cuestión “ya”.
El representante del Sector de Seguridad Privada de CCOO,
Francisco Muñoz, aseguraba ayer a EL PUEBLO, que la
situación que se está viviendo en la ciudad, “lejos de
mejorarse, ha empeorado en la última semana”.
Muñoz afirmaba que en la última reunión mantenida entre la
representación sindical del sector de la Seguridad Privada
con la Ciudad Autónoma, desde el Ejecutivo local se les
aseguró que “no hay dinero” y que “hay que buscarle un final
a toda esta situación de manera inminente”.
El responsable del sector de Seguridad Privada de CCOO
reiteró que la Ciudad, con los cambios que viene realizando,
prescindiendo del personal cualificado de las empresas de
Seguridad Privada para cubrir esos puestos con personal de
Amgevicesa, está incurriendo en un presunto delito de
intrusismo laboral, a la vez que alertaba que “la Ciudad
adeuda a Prosegur una importante cantidad de dinero por los
servicios prestados y que supera ya los más de 600.000
euros”.
Muñoz advirtió que no se puede jugar con el servicio de
seguridad de los edificios oficiales ya que no sólo están
enfocados hacia los empleados sino también hacia los
usuarios y la seguridad de los mismos.
Desde CCOO también se ha resaltado que la Ciudad se ha
comprometido a abonar a Prosegur, en breve, una parte de esa
deuda contraída, además de adelantar que la próxima semana
se suprimirán los servicios que vienen realizando en los
centros de menores para que sea el personal de Amgevicesa el
que pase a cubrir esas vacantes.
Tras este nuevo recorte de servicios, los integrantes del
sector de la Seguridad Privada sólo prestarán sus servicios
en Punta Blanca, el centro de reforma y los mercados.
A este respecto, desde CCOO se ha recordado que hace un mes,
y ante el presunto intrusismo de la Ciudad Autónoma de Ceuta
en el sector de Seguridad Privada, se remitió un escrito al
Departamento de Seguridad Privada de la Dirección General de
la Policía, autoridad que regula las competencias en materia
de Seguridad Privada, con el fin de denunciar este presunto
hecho de intrusismo.
Desde los sindicatos se ha manifestado la “gran
preocupación” que genera este posible “intrusismo”, máxime
“en la situación económica laboral actual y ante la más que
segura pérdidas de puestos de trabajo entre los trabajadores
del citado sector”.
Las centrales sindicales han puesto en mano de sus
respectivos gabinetes jurídicos esta situación, la cual está
siendo estudiada apoyándose especialmente en las Normas de
Seguridad de Edificios Públicos contempladas en la Ley de
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; la ley de Contratos de las
Administraciones Públicas en la que quedan especificadas las
encomiendas de gestión; y finalmente en la ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
A este respecto, fuentes sindicales han resaltado que la
Ciudad se ha escudado en los dos primeros puntos del
artículo 15 de la ley 30/92 para defender la legitimidad de
estas reubicaciones, aunque las mismas fuentes han destacado
que dicho artículo 15 se compone por cinco apartados, y que
precisamente el último podría ser “la llave para denunciar
esa posible ilegalidad”.
Según los sindicatos la normativa de seguridad de los
Edificios Públicos es muy clara y se encuentra incluida en
la ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, además de indicar
que esta debe ser desempeñada por personal cualificado para
ello y con la preparación necesaria, no en vano los
numerosos vigilantes de seguridad existentes en Ceuta han
recibido la titulación del Ministerio de Interior tras la
formación y los exámenes pertinentes. Los sindicatos
aseguran que “la Ciudad ha mermado la seguridad de la
Administración gracias a la sustitución de estos vigilantes
de seguridad por personal de Amgevicesa, que pese haber
recibido diversos cursos no están cualificados para
desempeñar esta función”.
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comisiones obreras
