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economía - MIÉRCOLES, 10 DE OCTUBRE DE 2012


fachada de la cámara de comercio. e.p.

despidos
 

Una Cámara de Comercio sin ingresos despide a cuatro de sus empleados

Bulaix reconoce la difícil situación que está viviendo la Cámara desde que el Gobierno de Zapatero eliminara el canon obligatorio que las empresas pagaban a las Cámaras de Comercio.

CEUTA
José Manuel Rincón

ceuta
@elpueblodeceuta.com

Cuatro trabajadores de la Cámara de Comercio de Ceuta han sido despedidos tras llevar cuatro meses sin cobrar sus salarios e interponer una demanda a través de UGT contra la Cámara por esta situación. El presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, reconoce la difícil situación que está viviendo la Cámara desde que el Gobierno de Zapatero eliminara el canon obligatorio que las empresas pagaban a las Cámaras de Comercio.

La eliminación del canon obligatorio que las empresas pagaban a las Cámaras de Comercio anunciada en diciembre de 2010 por el entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya dejaba entrever que se ponía en peligro la continuidad de un buen número de las 85 establecidas en todo el territorio nacional. Y es que los ingresos por esta tasa suponen en muchos casos más de la mitad de su presupuesto, tal y como le ocurre a la Cámara de Comercio de Ceuta, la cual está sufriendo este problema económico y se está viendo obligada a una reestructuración.

El primer paso dado por la dirección de la Cámara de Comercio de Ceuta, cuya presidencia ostenta Karim Bulaix, ha sido el despido de cuatro de sus trabajadores.

Esta situación, tal y como se ha informado a EL PUEBLO, surgió después de una demanda interpuesta por estos cuatro empleados tras llevar más de cuatro meses sin percibir su salario, una situación que consideraban insostenible. Una vez cursada la demanda a través de UGT, sindicato mayoritario en la Cámara de Comercio, fueron despedidos de sus respectivos puestos de trabajo.

El presidente de la Cámara de Comercio de Ceuta, Karim Bulaix, confirmaba a este diario la “delicada situación” que están viviendo desde que entró en vigor el Recurso Cameral y que, desde que se ha producido esta situación, está manteniendo conversaciones casi a diario con el secretario general de UGT en Ceuta, Antonio Gil, con el fin de encontrar la mejor solución a una situación que él mismo describió como “complicada y preocupante”. Además, también aseguró que de forma inminente tiene previsto reunirse con el lider ugetista para “trabajar en la misma dirección y que los trabajadores de la Cámara de Comercio salgan lo mejor parado de esta lamentable situación”.

Mientras tanto la demanda interpuesta por UGT sigue su curso y EL PUEBLO ha podido saber que el próximo día 24 se celebrará un acto de conciliación que, de no fructificar, acabará en los juzgados.

Por su parte desde la central sindical no se han querido pronunciar al respecto, asegurando que están actualmente en un periodo de negociación con la dirección de la cámara y que hasta que no finalicen las negociaciones no dirán nada.

Con respecto al futuro al que se enfrenta la Cámara de Comercio de Ceuta así como el resto de cámaras repartidas por el territorio español, hay que resaltar que una de las reformas pendientes que tiene el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, encima de la mesa, es aclarar el modelo de cámaras de comercio en un contexto de crisis y en el que se han terminado las cuotas obligatorias.

Ahora, eventualmente, todavía pagan a las cámaras las empresas que tienen una facturación superior a 10 millones de euros y que en el 2010 (año en el que aprobó el decreto Zapatero) declararon beneficios.

El Gobierno central está ultimando una ley de cámaras para sacar de la indefinición a estas entidades que, a su modo de ver, viven una situación muy compleja, sin un mecanismo claro de financiación y con una oferta de servicios que en ocasiones se solapa con la que prestan otras patronales, sobre todo en lo que concierne a la promoción exterior.

El objetivo del Ejecutivo central es definir un marco de funciones que no desempeñan otras instituciones y por el que las pymes estarían dispuestas a pagar. Y según fuentes consultadas, básicamente, serían el asesoramiento, la formación y el arbitraje.
 

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