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La diputada de Caballas Fatima Hamed denunció ayer ante los
medios que la Administración está impidiendo su acceso a
varios expedientes de Acemsa que solicitó y a los que, como
parlamentaria tiene pleno acceso “sin autorización previa”.
Caballas entiende que si Acemsa facilitó estos datos a la
Guardia Civil, incluyendo información personal, incurre en
una infracción sancionable por la Agencia de Protección de
Datos.
La diputada de la asamblea por el grupo Caballas, Fatima
Hamed, acudió esta semana al registro para solicitar
información sobre los expedientes que Acemsa facilitó a la
Guardia Civil, relativos a las viviendas y contadores de los
pabellones de San José, San Amaro, el Tarajal y Cabrerizas
Altas, mediante los cuales la Guardia Civil pretendía
investigar supuestos casos fraude.
Si bien en el último pleno Caballas interpeló al Gobierno
sobre este asunto por sospechar que se habían revelado datos
personales que están protegidos por la Agencia de Protección
de Datos, el grupo no tenía constancia de lo que figuraba en
cada expediente, razón por la cual Hamed se dirigió al
registro.
Una vez allí, relata, se encontró con que la administración
evitaba facilitar los datos alegando “que el volumen era muy
grande y no se había impreso”.
Me pareció poco diligente no dejar al menos una página, por
lo que me indicaron que estaba en soporte informático, que
tampoco me dejaron ver.
“Me ofende y me indigna como diputada que no se me deje
acceder a un expediente al que estoy autorizada por el
Reglamento de la ciudad”, lamentó Hamed. “Los Diputados
tienen derecho a recibir directamente de los servicios
administrativos de la Ciudad la información y documentación
necesarios para el desarrollo de sus tareas. Dichos
servicios tienen la obligación de facilitárselas”,
especifica el reglamento en su artículo 11. “Quedamos con la
duda y la sospecha de lo que contienen estos datos”, dijo
Hamed, que advirtió que si existen datos personales entre
los facilitados por ACEMSA, Caballas estaría dispuesta a
pedir la dimisión de la consejera de Fomento, Susana Román,
que negó en pleno de gobierno que así fuera.
“Si se llegase a constatar y a verificar por parte de la
Agencia Española de Protección de Datos, ante la que muchos
agentes de la guardia civil han puesto en su conocimiento
estos posibles hechos, los considerarían graves, y las
infracciones graves se sancionan con multas de 40.000 a
300.000 euros”, explicó la diputada.
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coalición caballas
