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Los centros públicos para la realización de la interrupción
voluntaria del embarazo se han incrementado este año un 36%
hasta situarse en 67, pero siete comunidades, además de
Ceuta y Melilla, no disponen de ninguno, por lo que
establecen conciertos con clínicas privadas. Estos son
algunos de los datos de un estudio elaborado por la
Asociación Pro Derechos Civiles, Económicos y Sociales (ADECES)
recogido por Efe.
En 2012, el número de centros se incrementará un 6,1%
respecto a 2010, pasando de 146 a 155. Al contrario que los
centros públicos, los privados descienden un 9,2% (88).
Las comunidades sin este servicio son Aragón, Castilla-La
Mancha, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Navarra, a
las que hay que añadir La Rioja, además de las ciudades de
melilla en Ceuta, donde, tal como informó este diario en
marzo, todos los ginecólogos del Ingesa son objetores de
conciencia.
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