PORTADA DE HOY
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sociedad - LUNES, 24
DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
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detención de un menor. fidel raso. |
menores extranjeros no acompañados
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Ceuta, Melilla y Algeciras son las
principales vías de entrada de MENA |
La
Memoria 2011 de la Fiscalía General del Estado
destaca que por el contrario, la llegada de menores
a las costas de Canarias se ha reducido
“extraordinariamente”
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CEUTA
Tamara Crespo
ceuta@elpueblodeceuta.com |
La principal vía de acceso de Menores Extranjeros No
Acompañados (MENA) a territorio nacional sigue siendo la de
Ceuta, Melilla y Algeciras, mientras que las llegadas a
Canarias se han reducido de forma “extraordinaria”. Esta es
una de las conclusiones que recoge la Memoria anual de la
Fiscalía General del Estado, correspondiente al año judicial
2011, en el ámbito de Menores. Además, señala los “graves
problemas de sobresaturación” en las dos ciudades autónomas.
Ceuta, Melilla y Algeciras son las principales rutas de
acceso de Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) a
territorio nacional. Así se recoge en Memoria de la Fiscalía
General del Estado 2011, hecha pública la pasada semana.
En el informe, de más de 2.600 páginas, se señala que si se
atiende al número de diligencias incoadas por las distintas
Fiscalías territoriales españolas se puede establecer cuál
es la ruta migratoria de la mayor parte de los menores en la
Península. “Tras entrar en territorio nacional por Ceuta,
Melilla o Algeciras -normalmente ocultos en vehículos a
motor– o llegados a las costas del Mediterráneo en distintos
tipos de embarcaciones, muchos de ellos se desplazan al
norte de España para posteriormente, buena parte de ellos,
trasladarse a Barcelona y Madrid”, señala la memoria. “Por
el contrario la llegada de menores a las costas de Canarias
se ha reducido extraordinariamente”, agrega.
Según los datos de la fiscalía eso lo acredita el dato de
que durante el año 2010 el mayor número de diligencias de
determinación de la edad se incoaron por las Fiscalías de
Ceuta y Melilla (18,74 por 100), las Fiscalías de la costa
andaluza y alicantina (22,7 por 100), las Fiscalías del
norte de España (Asturias el 5,62 por 100), Fiscalías de
Gipuzkoa, de Cantabria, y de Araba el 8,99 por 100), y
Bilbao (8,29 por 100), la Fiscalía de Barcelona (14,01 por
100) y la Fiscalía de Madrid (6,37 por 100).
En el ámbito general de Menores, y en cuanto a los medios
personales y materiales de las Fiscalías el informe refleja
que, en relación con las instalaciones e “donde las críticas
de los fiscales son más acerbas” en cuanto a su “evidente
inadecuación”, tanto en el caso de las Fiscalías como en el
de los Juzgados de Menores. Entre las carencias figuran “la
falta de espacios adecuados o calabozos para custodia de los
menores detenidos”, que no existen ni en Ceuta ni en
Salamanca.
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En la ciudad hay “graves problemas de sobresaturación”
En el caso de Ceuta y Melilla y en
relación con los MENA, “por su situación geográfica destacan
graves problemas de sobresaturación”. El informe de la
Fiscalía General del Estado señala que en Ceuta “se ha
intentado remediar la ausencia de escolarización de menores
en situación irregular, a los que se exigía previo
empadronamiento, por lo que hubo de dirigirse recordatorio
al Director Provincial del Ministerio de Educación y Ciencia
de la obligación de las Administraciones Públicas de
proporcionar a los menores la asistencia adecuada en materia
de educación (art. 10 LOPJM 15/1996)”.
Dentro de las medidas de medio abierto una de las más
adecuadas y demandadas por las Fiscalías, a fin de extraer
al menor del entorno conflictivo, es la convivencia con
grupo educativo. “El problema sigue siendo que, o bien tal
recurso comienza a saturarse (es el caso de Sevilla), o
directamente sigue sin crearse (a título de ejemplo
Castilla-La Mancha, Ourense, Ceuta, Castellón, Teruel, La
Rioja…)”, indican en la Memoria. En lo referente a estas
medidas, la Fiscalía señala la incidencia negativa que
parecen estar teniendo “las actuales restricciones
económicas” en cuanto a la disminución de recursos. En
concreto, la Sección Tinerfeña incide en otro aspecto
“preocupante” al que también aluden más Fiscalías: el
aumento de la ratio de menores por técnico de libertad
vigilada, con cifras que sobrepasan con mucho los 12 o 15
menores por educador (provincia de Cádiz y Ciudad Autónoma
de Ceuta), llegando en ocasiones en Illes Balears hasta 30
menores por educador, lo que hace inviable su cometido, como
afirma la última Fiscalía mencionada.
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