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La ejecución de una sentencia penal de desahucio por
usurpación de inmueble en una vivienda de la calle Brull se
tornó ayer complicada por la negativa de la familia a
abandonar el edificio, llegando hasta el extremo en el que
el padre, de tan solo 30 años, se subió a la cornisa del
edificio donde ha vivido durante los últimos tres años con
su mujer y niños, a unos diez metros de altura. El trabajo
coordinado de la Policía Local y los trabajadores de Asuntos
Sociales consiguió calmar a los afectados, que finalmente
aceptaron el traslado a una pensión. El desalojo congregó un
importante despliegue de medios entre la Iglesia del Valle y
el ‘54’.
Todo quedó en un susto. Pero los agentes judiciales
desplazados ayer por la mañana para ejecutar la orden penal
de desalojar el número 15 de la calle Brull temieron por la
vida de uno de sus ocupantes, el padre de la familia que
debía desalojar el inmueble, quien desesperado ante el
inminente desahucio se subió al tejado de la vivienda,
suscitando la impresión de que podía saltar en cualquier
momento.
A las diez y media de la mañana, tal y como se les había
notificado por carta a la familia, los representantes del
Ministerio de Defensa, acompañados por la comisión judicial,
se personaban en la entrada de este edificio situado entre
las obras del nuevo Campus Universitario y la Iglesia del
Valle, una vivienda propiedad del INVIFAS que estaría
pendiente de cesión a la Ciudad Autónoma y que ya se había
intentado desalojar por primera vez hace seis meses.
Entonces, y en cumplimiento de una primera orden de
desalojo, se tapió la entrada de la casa en un momento en el
que no se encontraban ninguno de los residentes (un
matrimonio y tres hijos). Según explicaron ayer miembros de
la Comisión Judicial, no habían pasado dos horas cuando el
ocupante de la vivienda se abrió paso a través del muro de
ladrillo recién levantado y volvió a dejar entrar a su
familia. Los restos de aquella intervención todavía se
aprecian en la puerta de la casa, de metal, sobre una pared
con marcas de cemento. La única ejecutoria penal que llevó a
cabo el Ministerio de Justicia esta semana se tornó durante
algunos momentos de la mañana de ayer más tensa y
espectacular de lo normal. El desalojo congregó alrededor
del edificio a los miembros del Ministerio de Justicia, los
representantes de Defensa, al menos una decena de policías
locales, un furgón de bomberos, la ambulancia y personal
Cruz Roja.
Todo este dispositivo se aceleró al subirse a la cornisa del
edificio el padre de la familia que debía abandonar el
inmueble. Allí se quedó sentado y mirando al vacío unos
instantes, según explican los testigos que le vieron allí
subido, mientras su mujer se quedaba en el interior del
edificio con el hijo pequeño de los dos. En ese momento, los
otros dos hijos de la pareja, ambos menores de siete años,
se encontraban en el colegio.
Pasadas las 11 de la mañana un inspector de la policía se
introducía en el edificio para intentar “hacer en razón” a
la pareja. Unos cuarenta minutos después llegaban tres
trabajadoras de la Consejería de Asuntos Sociales de la
Ciudad, que se introdujeron también por la puerta de metal
para hablar con los ‘okupas’.
Solución ‘de emergencia’
La ropa estaba todavía tendida sobre la azotea del inmueble
usurpado ilegalmente por este matrimonio sin recursos, que
no tenían otro sitio a dónde ir, razón por la que se negaban
a abandonar la vivienda. Alrededor de las 12.20 horas de la
mañana descendían las trabajadoras sociales, una de ellas la
propia la Jefa del Servicio, Josefina Castillo, que no hizo
ninguna declaración al respecto.
Junto a ellas, bajaba con el bebé en sus brazos el padre de
la familia desalojada. La mujer observó desde la ventana
cómo su esposo iba acompañado por los trabajadores sociales
a conocer el lugar donde se les había ofrecido acogerles.
La Ciudad Autónoma ha acogido finalmente a la familia, a
través de su Consejería de Asuntos Sociales mediante su
programa de alojamiento de emergencia en una pensión local.
Desde allí, la pareja podrá optar a convertirse en usuaria
del Programa de Alojamiento Alternativo si cumplen las
condiciones para acceder al mismo. Al volver a casa, para
abandonarla definitivamente junto a su mujer, el joven de 30
años se dirigió a los medios de comunicación todavía
embargado por la emoción del momento.
“Nos dan un sitio en una habitación pequeña de cuatro metros
cuadrados, en una pensión, aquí arriba en El Cateto...
esperamos que se resuelva la situación”.
¿Qué pensaba al subirse a la azotea?, El joven responde que
“no pensaba”. Suspira, conteniendo las lágrimas y añade “sin
trabajo, sin nada... no puedo hacer nada... llevamos
viviendo aquí tres años...”. Las palabras apenas le alcanzan
para decir que al menos, en esa habitación ofrecida por
Asuntos Sociales él y su familia estarán “mejor que en la
calle”. Un agente de Policía Local que ha vigilado la
operación hasta estar concluida augura que “esto no ha hecho
más que empezar”. “Con todos los desalojos que están
previstos en las próximas semanas estas situaciones, que no
son nada agradables, se van a repetir”, lamenta.
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Cerca de 400 núcleos familiares en el programa de
Alojamiento Alternativo
El programa de Alojamiento
Alternativo, que incluye el alojamiento de Emergencia y la
ayuda al alquiler para familias con escasos recursos y en
riesgo de exclusión social, funciona con un presupuesto
mensual de aproximadamente 120.000 euros. La consejera de
Asuntos Sociales, Rabea Mohamed, confirmó hace unas semanas
a este medio que en estos momentos, la ayuda atiende a unas
385 familias, si bien cada una de ellas recibe una cantidad
económica diferente, que se organiza mediante unos baremos
dependiendo de sus ingresos, el número de personas que
integran la familia, etcétera. Mohamed ya valoró entonces
que el objetivo de este programa “no es cubrir la necesidad
de vivienda”, sino ayudar a familias con ingresos bajos a
pagar su alquiler. Aunque todavía no han ofrecido datos
concretos al respecto, Asuntos Sociales reconoce haber
notado un aumento considerable de personas que acuden a
solicitar ayuda a lo largo de los últimos meses. En
concreto, Mohamed sí ha afirmado que los beneficiarios del
Ingreso Mínimo de Inserción Social (IMIS) se han duplicado
en lo que va de año.
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DESALOJO
