Los colectivos de España que forman parte de la red europea
‘Megreurop’ han remitido un comunicado a la defensora del
Pueblo, Soledad Becerril, tras la expulsión de Isla de
Tierra de 73 inmigrantes que se encontraban ocupando
territorio español. Las ONG´s no descartan llevar al Estado
hasta los tribunales.
Los colectivos de España que forman parte de la red europea
‘Megreurop’ han remitido un comunicado a la defensora del
Pueblo, Soledad Becerril, después de los últimos hechos
acaecidos con un grupo de inmigrantes en la Isla de Tierra,
cerca de Melilla en la pasada semana. Las instituciones
firmantes han sido la Asociación Pro Derechos Humanos de
Andalucía (ADPHA); Andalucía Acoge; la Comisión Española de
Ayuda al Refugiado (CEAR); la Asociación ELIN y la
Federación de asociaciones SOS Racismo.
En esta nota de prensa, remitida también a los medios de
comunicación, se explica que “como continuación de las
acciones” que estas asociaciones “vienen desarrollando como
integrantes de la red euroafricana ‘Migreurop’”, esta
solicitud tiene como objetivo “no dejar impunes las
violaciones de derechos cometidas por el Gobierno española
con la expulsión masiva de las personas inmigrantes que
accedieron a Isla de Tierra”. De ahí que el pasado día 7 “se
presentara una queja colectiva a la defensora del Pueblo”.
Requerimientos
En dicha queja, además de “documentar los hechos”, explican
las asociaciones firmantes, se alegan “las normativas
violadas por el Gobierno español en relación a la propia
legislación de Extranjería, así como del derecho
internacional que incluye el principio de “no devolución”
que impide las expulsiones masivas sin tener en cuenta las
circunstancias individuales de cada persona y sus opciones
de asilo”. Así, el grupo solicita a la defensora Becerril
que proceda a, en primer lugar, “requerir al Ministerio del
Interior, la Dirección General de la Guardia Civil y a la
Delegación del Gobierno en Melilla y a cualesquiera
administraciones competentes en este caso, toda la
información referente a estos hechos”.
En segundo término, solicitan que estas “administraciones
tomen, de forma inmediata, las medidas oportunas para que
estas personas tengan garantizado -de forma fehaciente- el
cumplimiento de sus derechos en el proceso bajo tutela del
Gobierno marroquí”.
Vía judicial
El tercer aspecto al que se refiere el comunicado es “instar
a los citados organismos para que abran la correspondiente
investigación con el objeto de determinar las causas que
hayan podido llevar a que se produzca esta situación,
depurando en su caso las posibles responsabilidades,
administrativas o de otra índole, que se pudieran derivar de
ella”.
Por último, estas organizaciones anuncian que a esta queja
colectiva le seguirán “otras actuaciones de índole judicial
así como ante organismos de defensa de derechos, en el
ámbito europeo e internacional”, finaliza el comunicado.
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El Barkani defiende la “legalidad” de las actuaciones
El Gobierno de Melilla “no está
preocupado” por las denuncias de distintas organizaciones no
gubernamentales que han tachado de ilegal la expulsión de
esto 73 inmigrantes de Isla de Tierra. Tampoco muestran
preocupación por las investigaciones abiertas por la
Defensora del Pueblo y la Comisión Europea, según informa la
agencia Efe. Y es que, defienden la “legalidad” de esta
actuación. El delegado del Gobierno en la ciudad autónoma
hermana, Abdelmalik El Barkani, ya declaró que las
autoridades españoles “son conscientes” de que diversas ONG’
s defiendan a estos inmigrantes, que fueron devueltos a
Marruecos en la madrugada del pasado martes después de haber
ocupado durante unos días el islote español.
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