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					Caballas pedirá a la vicepresidenta Primera de la Mesa de la 
					Asamblea que se suscriba un convenio con la Delegación de 
					Gobierno para poner en marcha un ‘Plan de Represión del 
					Empleo Clandestino’ que, utilizando todos los recursos 
					disponibles de ambas administraciones, “erradique todas las 
					prácticas ilegales que están impidiendo el acceso al empleo 
					a los parados ceutíes”. 
					 
					El grupo político Caballas elevará al Pleno de la Asamblea 
					la propuesta de que se suscriba un convenio con la 
					Delegación de Gobierno -como representante de la 
					Administración General del Estado- para poner en marcha un 
					‘Plan de Represión del Empleo Clandestino’ que, utilizando 
					todos los recursos disponibles de ambas administraciones, 
					“erradique todas las prácticas ilegales que están impidiendo 
					el acceso al empleo a los parados ceutíes”. 
					 
					“El empleo clandestino se extiende irrefrenablemente en 
					nuestra ciudad alcanzando cotas insoportables”, apunta 
					Caballas en su propuesta, en la que asegura que esta 
					situación se concentraba primero en el empleo doméstico y 
					parcialmente en el sector de la construcción, y que ahora 
					“afecta a todos los sectores de la actividad productiva, 
					perturbando en exceso el mercado laboral”. Así, desde el 
					grupo político destacan que en una coyuntura marcada “por la 
					fuerte crisis económica, con un incremento incesante del 
					paro y una drástica reducción de la actividad económica”, el 
					empleo clandestino adquiere, si cabe, “una mayor gravedad”. 
					 
					En ese sentido, Caballas considera que la administración 
					pública “no ha sido capaz de controlar estas prácticas 
					ilegales”, las cuales están contribuyendo de manera decisiva 
					-añade la propuesta- a “incrementar el paro y desmoralizar a 
					la ciudadanía”. “Los miles de parados ceutíes no pueden 
					entender por qué el escaso empleo que se crea en la ciudad 
					les está vedado por el hecho de que se puedan incumplir las 
					normas laborales con absoluta impunidad, a la vista de todo 
					el mundo, y ante la pasividad de las autoridades”. Caballas 
					considera que este problema requiere una actuación inmediata 
					y contundente de las administraciones públicas.  
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