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La primera semana de aplicación de la medida del Real
Decreto Ley 16/2012 por la que se excluye de la Sanidad
pública y gratuita a los inmigrantes irregulares se ha
desarrollado “con normalidad” y sin ninguna incidencia,
según informa el Ingesa. De hecho, en Ceuta no se ha
desactivado ninguna tarjeta sanitaria según recoge el
servicio de informática del área sanitaria. Sanidad anuló el
pasado sábado, cuando entró en vigor esta medida, un total
de 910.000 documentos a pacientes que no pagan impuestos.
Con esta medida, el Ministerio de Sanidad, Servicios
Sociales e Igualdad pretende un ahorro de 1.500 millones de
euros.
Con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 16/2012, de 20
de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones se han activado
diversas medidas como la que excluye del sistema sanitario a
los inmigrantes indocumentados.
El pasado 1 de septiembre entraron en vigor estas medidas,
por lo que Sanidad anuló, según recoge Efe, un total de
910.000 tarjetas sanitarias a pacientes de todo el
territorio nacional que no pagan impuestos y, por lo tanto,
no contribuyen a las arcas de la Sanidad pública. Esta
situación afecta, sobre todo, a los más de 150.000
inmigrantes sin permiso de residencia.
En Ceuta, según informan las fuentes oficiales del Ingesa,
en base a la información aportada por el servicio de
Informática del Área, no consta ninguna anulación de tarjeta
sanitaria. Así que, de momento, “no ha cambiado nada”. En
base a esto, el Ingesa informa de que en la primera semana
de aplicación de esta normativa “no está habiendo ninguna
incidencia”. “Total normalidad”, apuntan desde la
institución.
Del mismo modo lo confirma el director médico de Atención
Primaria, Juan Carlos Mata, quien asegura que en ninguno de
los tres centros de Salud de Ceuta ha habido incidencia
alguna y que el final del verano se está afrontando con
total normalidad.
Es en los centros de Atención Primaria y en los servicios de
Especializada donde se puede notar algún cambio en el modo
de atender a los pacientes, puesto que las urgencias
continúan siendo una prestación gratuita y universal,
independientemente del nivel de renta.
En el caso de los inmigrantes, tienen derecho a las
urgencias, el embarazo y la atención infantil hasta los 18
años. Sanidad se ha comprometido, además, a no dejar sin
tratamiento a los enfermos crónicos o graves, aunque la
atención la financiará el país de origen si hay convenio de
colaboración.
Otras autonomías
En ámbito nacional, tampoco el resto de autonomías
presentaron por regla general incidencia alguna. País Vasco,
Cataluña, Navarra, Andalucía, Canarias o Asturias ya
anunciaron que seguirían atendiendo a los “sin papeles” e
incluso algunas regiones como Galicia y Castilla León,
gobernadas por el Partido Popular, también mantendrán la
asistencia, según informa Efe.
Las autonomías gobernadas por el PP que seguirán al pie de
la letra el decreto y que por tanto atenderán a los
inmigrantes, pero les cobrará por ello, son Madrid,
Castilla-La Mancha, Aragón, Murcia, Comunidad Valenciana,
Extremadura, Baleares, Cantabria y La Rioja.
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Asociaciones sanitarias auguran que se “adelgazará” el
servicio básico de salud para traspasar prestaciones a la
cartera del copago
La Federación de Asociaciones para
la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) aseguró ayer, según
recoge Efe, que se pretende “adelgazar” la cartera básica de
servicios de asistencia para traspasar parte de ellos a la
complementaria y suplementaria, que estarán sujetas a “copago”.
En una rueda de prensa, el portavoz de la FADSP, Marciano
Sánchez Bayle, ha explicado que el Real Decreto Ley
establece esos tres tipos de cartera se servicios públicos
sanitarios, de las que la básica, que tendrá que definirse,
será gratuita. Así, ha pronosticado que se conocerá qué
prestaciones salen de la misma el 22 de octubre, al día
siguiente de las elecciones autonómicas de Galicia y País
Vasco. “Entonces nos vamos a echar las manos a la cabeza
porque van a salir muchas cosas”, ha enfatizado. Sobre la
básica, ha indicado que debe recoger servicios útiles y
eficaces, por lo que es partidario de estudiar
“detalladamente” si las prestaciones se aplican de manera
adecuada y a qué grupos de población se dirigen, para ver si
algunas son pertinentes y qué otras deberían incluirse. “Si
hay tecnologías que no son eficaces para mejorar la salud,
tampoco deberían estar en el sistema público en ningún caso,
ni siquiera por copago”, ha defendido. Sobre el modelo de
“aseguramiento” para que ciertos grupos de población reciban
atención sanitaria pública, ha indicado que es
contradictorio con la financiación actual, que se nutre del
IRFP, IVA e impuestos especiales: “Todas las personas que
consumen en España están financiándola”.
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