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Como señaladas víctimas de decisiones erráticas, los
empleados públicos estamos convencidos de que la crisis
económica en la que España está sumida desde hace ya varios
años está siendo gestionada de manera deficiente por los
sucesivos responsables políticos.
La indudable necesidad de controlar el gasto público se está
traduciendo en una política de recortes en el número de
efectivos y en la precarización de las condiciones
laborales, retributivas y sociales de los empleados
públicos, y viene acompañada de una campaña de descrédito de
la labor que realizan en todos los ámbitos de la
administración.
Ante ello, las organizaciones firmantes de este manifiesto,
representantes de la totalidad de los colectivos de la
función pública, señalamos lo siguiente:
1.Los empleados públicos son los encargados de desempeñar,
en nombre del Estado, los servicios que éste presta a los
ciudadanos. De igual manera son quienes hacen realidad las
decisiones políticas y legislativas. Cuestionar el papel de
los empleados públicos desacredita a servicios públicos
esenciales para la sociedad como los que se realizan en la
educación, la sanidad, la seguridad, la atención social y la
justicia, entre otros.
2.Esta aplicación práctica de las decisiones políticas ante
la ciudadanía precisa de un personal cualificado. Los
empleados públicos españoles acceden a sus puestos de
trabajo después de demostrar ampliamente su cualificación y
por medio de un proceso de selección establecido de acuerdo
con los principios de igualdad, mérito y capacidad que exige
la Constitución Española.
3.Los empleados públicos prestan a la sociedad un servicio
insustituible como garantes de la igualdad de oportunidades
para todos los ciudadanos, al llevar los servicios
esenciales a los lugares más recónditos del país, a donde no
acudiría nunca una empresa privada por una sencilla cuestión
de rentabilidad económica.
4.La estabilidad en el puesto de trabajo, ahora cuestionada
por la reforma laboral, garantiza la independencia del
empleado público ante la ejecución de las diversas políticas
y asegura la calidad y permanencia de las prestaciones que
se ofrecen a los ciudadanos.
Estamos convencidos de que hay soluciones y vías
alternativas para reducir el déficit público que excluyan la
política de recortes en la función pública: soluciones que
pasan por hacer efectivos los principios de igualdad,
capacidad económica y progresividad que han de inspirar
nuestro sistema tributario (art. 31 de la Constitución), así
como por la mejora sustancial del control del gasto público,
que conlleve una asignación eficaz y eficiente de los
recursos públicos, sin recortar los gastos sociales ni
afectar negativamente a los empleados públicos.
Desde ese convencimiento, y entendiendo la necesidad y
urgencia de realizar ajustes económicos y la contribución
solidaria de todos para sacar a nuestro país de la profunda
crisis económica en que se encuentra, y observando que no se
extienden al recorte de otros gastos menos justificados, ni
se centran en la posibilidad de incrementar los ingresos a
través de nuestro sistema fiscal apelando a la solidaridad
de las capas más favorecidas de nuestra sociedad,
proponemos:
La adopción decidida y urgente de las medidas necesarias
para afrontar una verdadera lucha contra la economía
sumergida y el fraude fiscal, incluyendo una reforma en
profundidad de la AEAT que optimice sus recursos y potencie
una investigación centrada en los grupos y sectores con
mayores bolsas de fraude. Así podremos reducir la economía
sumergida a los niveles de los países europeos de nuestro
entorno, lo que nos aportaría una recaudación anual
adicional de 38.500 millones de euros.
La modificación de la actual desproporción entre los tipos
efectivos a los que tributan las grandes sociedades y los
que gravan a las microempresas y pymes, mediante el aumento
de cinco puntos en el nominal a los beneficios superiores al
millón de euros, acercando así también el esfuerzo fiscal de
las empresas al de las familias españolas, lo que supondría
13.900 millones adicionales.
La implantación, en los términos aprobados en el Parlamento
Europeo, de un impuesto a las transacciones financieras,
que, según la Comisión Europea, supondría una recaudación en
torno a los cinco mil millones de euros en España.
La creación ,en el año 2013, de un impuesto sobre la riqueza
que supere los defectos y cierre las vías de elusión del
actual impuesto sobre el patrimonio, temporalmente
recuperado sólo para 2011 y 2012, que podría aportar 3.300
millones anuales.
La exclusión de las ganancias patrimoniales especulativas
del concepto de rentas del ahorro en el IRPF, así como la
modificación de la Ley de Instituciones de Inversión
Colectiva, para establecer un porcentaje máximo de
participación en las SICAV que no supere el 5% de su capital
máximo estatutario. Medidas que incrementarían la
recaudación en 1.500 millones anuales.
Por último, instamos a los gobernantes y a todas aquellas
personas con relevancia mediática a hacer recaer sus
críticas sobre las verdaderas causas que han llevado a
nuestro país a la situación de déficit, paro y deuda pública
en que se encuentra. En situaciones de grave crisis, como la
que vivimos, no caben las declaraciones irreflexivas sobre
los servicios que presta el Estado a través de sus empleados
públicos ni sobre el rendimiento profesional de éstos, sobre
todo cuando su único objetivo es crear polémica y no aportar
soluciones.
Por todo ello, las organizaciones sindicales y profesionales
firmantes de este manifiesto, conscientes de que no se puede
devaluar la importancia de la función pública ni del
servicio que presta al conjunto de los ciudadanos, exigimos
a todos los responsables políticos una implicación activa en
la defensa de los empleados y servicios públicos.
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OPINIÓN
/
MANIFIESTO
