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Que se produzca el acceso efectivo a la protección de la
salud para colectivos en situación vulnerable; que las
personas con padecimientos graves reciban una atención
adecuada; que se mantenga la gratuidad del transporte
sanitario no urgente para pacientes con tratamientos
periódicos y de larga duración; que se revise el sistema de
fijación de precios de fármacos, y que se elabore una nueva
regulación en materia de prescripción de medicamentos para
indicaciones diferentes a las autorizadas son las
recomendaciones que la institución del Defensor del Pueblo
ha realizado a Sanidad sobre el Real Decreto Ley 16/2012.
La institución del Defensor del Pueblo -cuyo cargo asume
desde el mes de julio Soledad Becerril, en sustitución de
María Luisa Cava de Llano- decidió en julio no interponer
recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley
16/2012, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones. A cambio, la
institución ha optado por dirigir al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad, que dirige Ana Mato, cinco
recomendaciones, según recoge el último boletín del Defensor
del Pueblo, publicado en agosto.
En dichas recomendaciones, la Defensora le pide a Sanidad
que se produzca el acceso efectivo a la protección de la
salud para colectivos en situación vulnerable que han
quedado excluidos del concepto de asegurado o beneficiario.
Que las personas con padecimientos graves reciban una
atención adecuada es la segunda recomendación. Se busca de
este modo “evitar la posible responsabilidad de España por
el incumplimiento de obligaciones internacionales, entre
otras, las derivadas del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, la Carta de derechos fundamentales de la UE y otros
instrumentos que establecen obligaciones positivas”.
Las tercera y cuarta medidas son que se mantenga la
gratuidad del transporte sanitario no urgente para pacientes
con tratamientos periódicos y de larga duración, así como
que se revise el sistema de fijación de precios de fármacos.
La quinta es que se elabore una nueva regulación en materia
de prescripción de medicamentos para indicaciones diferentes
a las autorizadas.
Pensionistas
Becerril también se ha dirigido a la ministra para
solicitarle que estudie el establecimiento de medidas que
eviten a los pensionistas tener que pagar por adelantado sus
medicinas una vez que se haya satisfecho el límite máximo de
aportación mensual de 8 o 18 euros, según el correspondiente
nivel de renta.
Le ha pedido que se analice la viabilidad de mecanismos que
permitan la actualización periódica del nivel de rentas de
los pacientes para evitar que se den casos en los que la
realidad económica de los mismos haya cambiado en el momento
de adquirir los medicamentos.
Diversas asociaciones y particulares (en su mayoría
pacientes con enfermedades crónicas que requieren
tratamientos de larga duración) se han dirigido a la oficina
del Defensor del Pueblo para mostrar su disconformidad con
la fórmula establecida por esta normativa para adquirir sus
medicamentos.
Personas y asociaciones se quejan, según recoge el boletín
de la institución, de que en muchos casos los pensionistas
no pueden hacer frente al pago del 10% del precio de venta
al público de las medicinas ya que carecen de medios
económicos suficientes. “Al tomarse como referencia la
declaración de la renta de 2010, sus aportaciones no
corresponden al nivel de renta”, apuntan.
Ante estas situaciones, Becerril ha solicitado a la ministra
que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema
Nacional de Salud, se inicie un debate sobre estas
situaciones para buscar medidas acordes.
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