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El Decanato de los jueces no tiene constancia a nivel
oficial de que se vaya a realizar una asamblea de jueces y
fiscales, el próximo día 21 de septiembre, en torno a una
posible huelga ante los recortes en materia salarial que
mantiene el Gobierno de Mariano Rajoy. En efecto, el juez
decano, Juan Domínguez Berrueta de Juan, indicó, al igual
que se puso de manifiesto desde la Secretaría del Decanato,
que oficialmente no hay ninguna convocatoria por parte de
las asociaciones de jueces o bien de fiscales en torno a que
se vaya a celebrar una reunión que podría desembocar en una
huelga en la administración de justicia.
El juez decano de Ceuta, Juan Domínguez Berrueta de Juan,
confirmó ayer que no hay ninguna convocatoria oficial de
asamblea de jueces y fiscales, este mes, para determinar un
calendario de movilizaciones contra los ajustes del Gobierno
en materia salarial en la administración de Justicia.
Las principales asociaciones de jueces, de carácter
conservador y de izquierdas, han coincidido por primera vez
en dar luz verde a que el próximo día 21 de septiembre se
organicen asambleas en todos los partidos judiciales para
ponerse de acuerdo en torno a una huelga en el sector.
Por el momento, según se pone de manifiesto desde el
Decanato, las únicas informaciones que han llegado han sido
las transmitidas por los medios informativos, por lo que no
existe ningún hecho constatable a nivel oficial en cuanto a
que se produzca una asamblea en Ceuta.
Domínguez Berrueta de Juan recuerda que actualmente hay
trece magistrados en Ceuta en activo -cuando él llegó a la
ciudad sólo había cinco- pero en concreto ellos no han
contactado con el Decanato en el sentido de efectuar una
asamblea. Tampoco, a nivel oficial, se le ha comunicado
ningún tipo de parecer por parte de los jueces en torno a la
asamblea.
A nivel extraoficial, y fuera de la esfera del Decanato,
este diario ha tenido constancia de que, efectivamente,
existe un gran malestar entre la judicatura en torno a las
medidas que se han promovido desde el Gobierno, y que
podrían tener trascendencia.
En todo caso, sí que parece clara la actitud de los
fiscales, un hecho que no tiene repercusión en torno a su
relación con el Decanato, ya que son poderes judiciales
completamente separados.
Lo que sí es cierto es que los fiscales de Ceuta firmaron un
manifiesto, el 29 de julio, ante la crisis y los recortes en
la Administración de Justicia.
Un centenar de fiscales de toda España firmaron un
manifiesto en el que se cuestionaban qué “tipo de
independencia puede tener un Poder Judicial al que el
Gobierno puede rebajar sus retribuciones por Decreto Ley sin
más trámites ni consultas” y “el tipo de Justicia que
resulta de tal modo de proceder”.
El manifiesto, que fue promovido en internet a través de las
redes sociales, cuenta con el respaldo de funcionarios del
Ministerio Público de todo el Estado y diferentes niveles
jerárquicos, entre ellos, algunos del Tribunal Supremo, como
Salvador Viada, y otros de lugares como Madrid, la CAV,
Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Cataluña,
Canarias, y Ceuta, entre otros.
El documento fue suscrito por estos funcionarios de la
Administración de Justicia “ante la situación de crisis
económica y los sucesivos recortes presupuestarios a los
empleados públicos en general y a las carreras judicial y
fiscal en particular”. El escrito recuerda que “en momentos
como el presente, más que nunca, la Fiscalía ha de
mantenerse en pie velando por la justicia, la igualdad, la
seguridad y los derechos fundamentales de la ciudadanía”. El
texto pone de manifiesto la “sorpresa” de los firmantes “por
el hecho de que, desde la responsabilidad política de todos
los partidos y coaliciones, nadie haya pedido disculpas a la
ciudadanía por habernos llevado a esta situación”.
o, cuando menos, por no haberla evitado o, en cualquier
caso, por su incapacidad para solucionarla”.
El comunicado exige el reconocimiento del trabajo de este
colectivo, así como la “dignidad” de su función, la
“relevancia” de las “responsabilidades” que desempeña y que
“se declare expresamente que los profesionales al servicio
de la administración en general y de la Justicia, no han
sido los causantes de la crisis”.
Solicita además que se comience a elaborar “un programa de
recuperación de los derechos, prestaciones y retribuciones
recortadas sobre la base de una revisión y reestructuración”
de la administración pública, “prescindiendo de todo lo
superfluo y garantizando el servicio público y las
retribuciones de sus profesionales”.
Reivindica también un plan de “reintegración de la categoría
profesional e independencia económica de los fiscales,
mediante el recorte de los gastos que no sean estrictamente
necesarios” para garantizar la “calidad” de la prestación de
su servicio.
En este sentido, demanda “que se haga una evaluación de por
qué el presupuesto del Ministerio de Justicia creció desde
441 millones de euros en 1997 hasta los 1.680,51 en 2011”,
mientras que “sus profesionales perdían poder adquisitivo”.
Se pregunta además “dónde y cómo se ha gastado ese dinero”,
dado que “no se han apreciado mejoras sustanciales en los
medios materiales ni personales de la Administración de
Justicia”.
En el escrito, estos fiscales ratifican su “compromiso en la
lucha contra la delincuencia económica” y expresan su
confianza en que “todos los poderes públicos mantendrán su
firmeza frente a quienes no cumplen las normas”.
La nota demanda igualmente “mecanismos de participación
directa y continua de todos los fiscales, asociados o no, en
la toma de decisiones que afectan al ejercicio de su función
y sus condiciones profesionales”.
Este grupo de fiscales anuncia en cualquier caso que no
promoverá “ninguna acción que pueda perjudicar el servicio
de la Administración de Justicia al ciudadano”, si bien
avanza que, mientras “no se logre el compromiso de los
responsables de los poderes públicos” para adoptar las
“medidas precisas” que solucionen esta situación, los
firmantes del texto lucirán un lazo blanco durante su
horario laboral, como “símbolo de estas reivindicaciones y
de la esperanza y confianza en la capacidad de todos los
ciudadanos para salir de esta situación”.
Los promotores la iniciativa animan además al resto de
colectivos profesionales y sectores afectados en la
Administración de Justicia a que adopten este mismo símbolo.
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