Más de 153.000 inmigrantes irregulares perderán su tarjeta
sanitaria el próximo 1 de septiembre, una medida con la que
el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
espera ahorrar alrededor de 500 millones de euros, según
informa Efe.
Ésta es una de las actuaciones del Gobierno para garantizar
la sostenibilidad de la Sanidad pública, aquejada de una
deuda de 16.000 millones de euros, ante la que se rebelan
algunas comunidades autónomas y profesionales sanitarios,
además de los partidos de la oposición.
La población de extranjeros residentes en España es de
5.711.040, según el Instituto Nacional de Estadística,
mientras que el número de ellos en situación legal, es
decir, con permiso de residencia, asciende a 5.251.094,
según los registros del Ministerio de Empleo.
Por lo tanto, la cifra de ciudadanos ‘sin papeles’ es de
459.946, aunque la mayoría de los extranjeros en situación
irregular (306.477) proceden de países de la UE, por lo que
no tienen obligación de inscribirse.
Las restantes personas (153.469) son inmigrantes no
comunitarios indocumentados a los que afectará este decreto
por no estar asegurados, es decir, por no cotizar a la
Seguridad Social, cuando hasta ahora tenían el mismo derecho
que los españoles a la asistencia sanitaria solo por estar
empadronados.
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