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Según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
en España se han llevado a cabo 46.559 desahucios en el
primer trimestre de 2012, 185.145 desde 2007 (Andalucía se
sitúa a la cabeza con 72.900). Miles de familias sin hogar
viven en la más absoluta precariedad, con el 35% de pobreza
en Andalucía, siendo la media española del 22%. En este
contexto, el Gobierno, con el objeto de solucionar el
problema del derecho a la vivienda, ha modificado hoy la Ley
de Enjuiciamiento Civil para favorecer la seguridad jurídica
de los propietarios y crear más desprotección para los
inquilinos.
En nuestro país siempre ha prevalecido, y se ha fomentado
desde las Instituciones Públicas, la cultura de la
propiedad. Según datos de 2010 de Eurostat, un 83% de la
ciudadanía reside en una vivienda de su propiedad, frente al
17% restante que alquila principalmente (porcentaje algo más
elevado en Barcelona, que ronda el 25%).
Sin embargo, a finales de 2010 había 687.523 viviendas
vacías que no hallaban comprador. Pero ese número era sólo
de viviendas de nueva construcción, a él debemos añadir los
miles de desahucios que se están produciendo al mes durante
los últimos dos años. El Censo de Población y Viviendas de
2001 del INE estaba ya en más de tres millones en las casas
vacías.
La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía - APDHA
considera que esta reforma se ha realizado para atender las
demandas del sector financiero, que necesita alquilar
viviendas a corto plazo y facilitar al máximo los desahucios
para acelerar los procesos.
¿Es ésa la solución que se le da a las miles de familias
avocadas a vivir hacinadas, en condiciones insalubres o
directamente en la calle? ¿Cuántos ciudadanos en situaciones
de vida indignas, a causa de una crisis que no provocaron,
hacen falta en España para que el gobierno garantice el
derecho universal a la vivienda?
El derecho al uso y disfrute de una vivienda digna es hoy en
día un lujo, cuando debería estar garantizado para toda la
ciudadanía y no solamente para beneficiar a quienes se
enriquecen y especulan con este derecho básico. Los
ciudadanos y ciudadanas debemos levantar la voz y exigir a
los gobiernos nacionales y autonómicos que legislen ya para
que todas las personas tengan cubiertas sus necesidades
básicas, se cumplan los derechos constitucionales y los
derechos humanos. Debemos levantarnos y exigir un cambio de
rumbo. Debemos obligar a quienes gobiernan a que lo hagan
para la ciudadanía y no para los mercados, los especuladores
y el capital.
Reivindicamos algunas medidas que se podrían haber aprobado
en el día de hoy, y que muchos movimientos sociales están
exigiendo ya:
1. Cese inmediato de la privatización del parque público de
vivienda de todas las Administraciones Públicas (Estado,
Comunidades Autónomas y Ayuntamientos); unificación de la
administración de todas las existentes.
2. Cese inmediato de la venta del patrimonio público de
suelo.
3. Reorientar toda la actividad de promoción e inversión
pública destinada a vivienda, hacia la vivienda pública en
alquiler y hacia la rehabilitación (en este caso, con
contraprestaciones sociales por parte de los propietarios
que se beneficien de tales ayudas).
4. Creación de un Banco Público que sirva, entre otras
cuestiones, a la política pública de vivienda.
5. Erradicación de la infravivienda satisfaciendo la
necesidad de una vivienda digna.
6. Expropiación de la facultad de uso por tiempo determinado
de las viviendas de propiedad privada que permanezcan
desocupadas de manera habitual durante un año, para cederlas
en arrendamiento, incluyendo el enorme parque de viviendas
de las entidades bancarias, así como expropiación de las
viviendas de protección oficial en manos de los bancos tras
ejecuciones hipotecarias, para que retornen a su función de
uso social.
7. Expropiación de las viviendas cuyos propietarios
desatiendan su deber legal de conservarlas en adecuadas
condiciones de habitabilidad, ya las tengan arrendadas o
vacías, para, previa su rehabilitación, cederlas en
arrendamiento
8. Despenalización por el Parlamento de la nación española
de la ocupación pacífica de viviendas deshabitadas.
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OPINIÓN
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COMUNICADO
