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La ONG ‘Médicos del Mundo’ ha iniciado una campaña que anima
a los sanitarios a objetar contra la medida que excluye de
la Sanidad a los inmigrantes ilegales. El presidente de la
entidad, Álvaro González, considera que aplicar este Real
Decreto en una ciudad como Ceuta será muy “difícil” y opina
que el Gobierno “está improvisando cómo va a aplicar” esta
normativa.
“Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y mi moral en
épocas de crisis financiera”. “Juro que no utilizaré
instalaciones del Estado para diagnosticar a inmigrantes
irregulares”... “Pero sobre todo juramos que todo lo que
dijimos antes, no lo cumpliremos nunca”. La ONG ‘Médicos del
Mundo’ ha iniciado una campaña en la que con una serie de
falsos juramentos reivindican que el médico no acate la
medida que entrará en vigor el próximo 1 de septiembre y que
excluye de la Sanidad al inmigrante ilegal. Esta campaña,
denominada ‘Derecho a curar’, apoya la iniciativa puesta en
marcha por la Sociedad Española de Medicina de Familia y
Comunitaria (SEMFYC) el pasado 10 de julio y que suma ya más
de 1.300 profesionales del sector sanitario que han firmado
la objeción de conciencia a no atender a esta población.
Álvaro González, presidente de la ONG, ha explicado a EL
PUEBLO que el objetivo de esta campaña es poner de
manifiesto que curar “es mucho más que una obligación”.
“Buscamos sensibilizar al personal sanitario de lo que
implica este Real Decreto y a la ciudadanía de que el ‘todo
vale’ no es justo”, explica.
González considera que aplicar en una ciudad como Ceuta, con
tanta presencia de inmigración ilegal, esta medida del
Gobierno será “difícil”. “Estamos a la expectativa de ver
cómo se va a aplicar porque en la medida en que nos vamos
acercando al momento de inicio, cada vez está más claro que
están improvisando cómo aplicarlo”, apunta.
El médico explica que están en contra de la medida que
propusieron de “crear un sistema paralelo mediante
subvenciones con ONG”. No saben aún si no acatar el Real
Decreto traerá consecuencias negativas. “El Gobierno
considera que sí podrá aplicar determinada normativa, pero
desde las ONG creemos que no”, apunta.
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