Más de 900 médicos de todo el país se han mostrado objetores
de conciencia al Real Decreto aprobado por el Consejo de
Ministros por el que se excluye de la Sanidad a los
inmigrantes irregulares. Estas personas seguirán teniendo
derecho a la asistencia por Urgencias por lo que desde el
Colegio Oficial de Médicos de Ceuta consideran que la medida
colapsará este servicio. Temen, además, que sea un riesgo
para el Estado de Salud de la población y creen que se pone
al médico en una situación “difícil y peligrosa”.
El Colegio de Médicos se muestra “preocupado” ante la
aprobación el pasado viernes en el Consejo de Ministros del
Real Decreto que regula “la condición de asegurado y de
beneficiario a efectos de la asistencia sanitaria pública en
España, con cargo a fondos públicos, a través del Sistema
Nacional de Salud, por el que se excluye de la cobertura
sanitaria pública a todos los extranjeros que se encuentren
en España en situación irregular”. Esta medida, según apunta
la presidenta del Colegio en Ceuta, Manuela Gómez,
repercutirá en los servicios de Urgencias.
“Hay que sostener el sistema, pero no de este modo; así,
Urgencias será la puerta de acceso a la Sanidad”, apunta la
médica. “¿Dónde pones el límite? Una urgencia es la
sensación subjetiva que tiene un paciente cuando solicita
atención médica inmediata, sea verdad o sea mentira; por eso
se diferencia de la emergencia, que es el riesgo vital“,
cuestiona. “Vamos a volver a la época en la que se crearon
los 061 por la presión catastrófica que había en las
Urgencias”, apostilla.
La Sanidad queda garantizada para la asistencia básica:
urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo,
parto y postparto y asistencia a menores de 18 años.
Además, ante la posibilidad de que al inmigrante irregular
se le cobre una póliza de 710 euros anuales para ser
atendido, desde el Colegio inciden en la diferencia entre el
colectivo de inmigrantes “vulnerables” y el “turismo
sanitario”. “Se ha hecho una mala gestión del cobro a los
europeos que vienen a operarse a España y ahora se les va a
atender pagando 700 euros, si se quieren operar que paguen
la operación completa; es diferente del colectivo de
inmigrantes ilegales que no tienen dinero para ser
atendidos”, explican desde el Colegio.
Inciden en que es preciso controlar las posibles
enfermedades “endémicas” con que estos colectivos puedan
entrar en el país. “Repercutirá en el estado de salud de la
población, no sólo sobrecargará las urgencias, sino que se
termina con la atención preventiva y pondrá en riesgo al
personal sanitario”. En esta línea, Gómez destaca que será
el médico, “y no quien pone la ley”, quien tendrá que
explicar esta situación al paciente. “La ventanilla va a ser
el médico y se le está poniendo en una situación muy difícil
y peligrosa”.
Objeción de conciencia
Por ello, muchos médicos se muestran “objetores de
conciencia” a esta medida. Más de 900 médicos han firmado el
documento promovido por la Sociedad Española de Medicina de
Familia y Comunitario (semFyc) para ser “objetores de
conciencia” a esta medida y poder así, continuar atendiendo
a los inmigrantes irregulares. “El médico no puede negarse a
atender y hasta que no atiende, no ve si es urgencia.
Después si no lo es, ¿cómo se cobra?”, apunta Gómez.
“La Seguridad Social era la medida más legal puesto que se
regula a través del pago de impuestos, ahora no se sabe”,
añade. Desde el Colegio proponen que sean otras las medidas
planteadas para ahorrar en gasto como reducir en cargos
directivos. “Habrá que ver si lo están haciendo bien,
gestionar y planificar es lo primero, se están sacando
Reales Decretos en contra de la Constitución y de la Ley
General de la Sanidad”, apostilla.
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El CETI trabaja para ver a nivel práctico cómo implantar la
medida
El CETI está trabajando para ver
cómo afectará entre los inmigrantes del centro el Real
Decreto que regula la asistencia sanitaria a extranjeros
irregulares y que entra en vigor el 1 de septiembre. El
director, Carlos Bengoechea, ha explicado a EL PUEBLO que
aunque “todavía la concreción no está definida, parece ser
que será a través de la expedición de tarjetas sanitarias
reconocidas por el INSS o directamente en el servicio de la
autonomía que corresponda”. “Nos han pedido desde el
Ministerio que informemos de la situación para comprobar
cómo podría implantarse esta medida a nivel práctico”,
explica Bengoechea, quien recuerda que la Atención
Especializada hasta ahora la daba el Ingesa.
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