Desde que en el ya lejano verano del 2007, se empezó a
asumir que la economía mundial iba a comenzar un periodo de
crisis y ajuste, ante la burbuja inmobiliaria que se había
generado a nivel mundial y particularmente en España, se ha
sucedido muchos acontecimientos que ha ido conformando la
propia historia de la realidad que hoy vivimos.
Parece cierto que unos países se han enfrentado a la crisis
con más rapidez y eficacia que otros. Así es preciso
reconocer que España comenzó a tomar decisiones muy tarde, y
eso, a su vez, ha disminuido la propia eficacia de las
medidas que se han ido tomando.
Posiblemente ese retraso en tomar decisiones, la falta de
consenso político en los términos de esas medidas y el
mantenimiento de una política de gastos indiscriminada
durante el Gobierno anterior, no ha hecho sino agravar la
magnitud del problema y que nos encontremos ahora en una
situación que se podría calificar, sin temor a equivocarse,
de trágica y desesperada.
Desde que el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy, empezó a tomar
medidas económicas y sociales, para hacer frente a la
crisis, puede decirse que todos los sectores sociales de
nuestro país se han visto afectados.
Parece coherente que, si en mayor o menor medida, todos
somos responsables de la crisis económica, todos debemos
asumir el coste de las medidas de ajustes necesarias para
remontar esta situación.
Pero, ¿quiénes han pagado hasta ahora el coste de la crisis?
Inicialmente el gran ajuste de la economía se ha hecho en el
sector privado, que ha enviado al paro, aproximadamente a 3
millones de personas, muchas de las cuales se han convertido
en parados de larga duración con escasas posibilidades de
encontrar de nuevo trabajo, en una economía, como la
española que no presenta alternativas al sector de la
construcción y unos trabajadores con escasa cualificación a
los que siquiera les queda el recurso de emigrar al
extranjero para encontrar en otras economías un trabajo
digno.
Otro de los grandes sectores sociales, sobre los que se ha
producido el ajuste, han sido los empresarios. En lo que
llevamos de crisis han desaparecido, literalmente, en España
al menos 400.000 empresas (generalmente pequeñas y medianas
empresas capitaneadas por empresarios autónomos) muchos de
los cuales han quedado en la ruina más absoluta al haber
expuesto su patrimonio particular para intentar salvar la
empresa, cosa que con posterioridad no han conseguido.
También se ha producido una drástica disminución de los
beneficios de las sociedades y en muchos casos pérdidas
significativas que ha provocado los tristemente célebres
Expedientes de Regulación de Empleo.
Otro de los grandes sectores sociales, ha sido los
ahorradores, que a su vez no son sino nuevamente
trabajadores y empresarios, que han visto como el valor de
sus ahorros quedaban reducidos a la enésima parte, por la
vía del hundimiento de la Bolsa o por la vía de los
diferentes escándalos financieros tanto de las propias
entidades como por los productos que esas entidades pusieron
en circulación.
Otro de los grandes sectores son los trabajadores de la
función pública, son los funcionarios y empleados públicos
que ya tuvieron un primer paquete de medidas de ajuste con
el Decreto del 5% de disminución de los salarios de mayo de
2010, y que ahora nuevamente ven disminuidos sus salarios
con la eliminación de la paga de navidad. Entre la
disminución de salarios y la pérdida de poder adquisitivo,
los empleados públicos en España han perdido, en los últimos
5 años, entre un 14% y un 20% de poder adquisitivo. Pero
además ese ajuste no parece suficiente y en la parte de
empleados públicos laborales, es decir los que no son
funcionarios de carrera, se intuye la realización de
Expedientes de Regulación de Empleo, así como la
desaparición de muchos organismos y entidades cuya razón de
ser ha sido puesta en tela de juicio casi desde su propia
creación.
Y sin embargo, con sacrificios tan importantes, no hay
siquiera indicios que nos permita, al menos, pensar con un
cierto optimismo. La denominada Prima de Riesgos sigue
apareciendo en cada telediario con su tendencia al alza y su
impacto en la propia moral de los españoles. Me imagino las
sensaciones del Presidente del Gobierno y de los Ministros
de Economía y de Hacienda, cuando cada final de mes, se
encuentran con la necesidad de hacer frente a los pagos de
las nominas de los empleados públicos, de los pensionistas y
de los perceptores de desempleo, y los ingresos del Estado
no han sido suficientes para atender esos pagos.
Entonces salen al exterior a pedir dinero prestado en forma
de deuda pública y los ahorradores mundiales salen
corriendo, porque ya nadie presta a España porque nadie se
fía que vayamos a devolver esos préstamos. A esto le estamos
llamando especulación, y no es verdad, es la respuesta
normal de unos ahorradores que tienen libertad absoluta para
llevar su dinero a donde le parezca. Como consecuencia de
esta situación tenemos que subir los tipos de interés que
pagamos y así sube, a su vez, la prima de riesgo.
Llegados hasta aquí, hay que pensar que los durísimos
ajustes que viene soportando nuestro país desde el comienzo
de la crisis, requieren además que la ciudadanía esté
dispuesta a asumirlos, ya que en caso contrario se pueden
producir fuertes tensiones sociales, de orden público y con
un incremento significativo de la economía sumergida.
Para conseguir el apoyo de los ciudadanos a estos
sacrificios que se le imponen, es necesario algo evidente,
pero que a veces no se comprende su valor. Y esto es
sencillamente dar ejemplo. Dar ejemplo de austeridad, de
ahorro, de eficiencia, y quienes tienen que dar ejemplo es
el propio Sistema Político que en España tiene un coste
económico desfasado respecto a la capacidad de España de
mantener esa estructura. Resulta curioso que el Sistema
Político que es el que ha impuesto buena parte de los
ajustes económicos en nuestro país, no haya hecho un
ejercicio de autocrítica y haya asumido y puesto en marcha
la necesidad de eliminar gastos innecesarios y practicar la
austeridad, para conseguir reducir la factura del Coste
Económico de nuestro Sistema Político que pagamos todos los
españoles.
Y qué medidas y sacrificios podemos pedir a nuestros
políticos para ahorrar y disminuir esa factura. Creo que los
más significativos podrían ser:
Puesta en marcha de la reforma Constitucional necesaria para
eliminar el Senado y disminuir de manera drástica el número
de diputados al Congreso, que actualmente son 350 y podrían
reducirse hasta un número de 200 diputados.
Modificar la Ley de Régimen Local para que los cargos de
Concejales no sean retribuidos. Ciertamente habría que hacer
excepciones posiblemente en aquellas grandes ciudades del
país en las que la dedicación de algunos cargos de la
Corporación fuesen retribuidas.
Analizar la estructura administrativa del Estado y valorar
su viabilidad futura, sobre todo en las Comunidades
Autónomas históricas y no históricas, evitando duplicidades
de servicios y tomando las medidas necesarias para mejorar
la eficiencia de las administraciones públicas. Es decir hay
que replantearse el Estado de las Autonomías.
Analizar en profundidad la viabilidad de las empresas
públicas, fundaciones, institutos y organismos públicos
cuyos servicios deberían haber sido prestados por los
propios empleados públicos y así se habría evitado el
incremento del gasto y la ineficiencia de la propia
administración. En cualquier caso, el ajuste en estos tipos
de organismos parece inevitable ante la imposibilidad de que
puedan seguir siendo financiados por las administraciones
públicas a las que están adscritos.
Eliminar de manera drástica las dietas por asistencia a todo
tipo de consejos, patronatos, fundaciones, etc., ya que
forman parte del quehacer normal y diario del sistema
político.
Todas estas medidas, que sin duda será inevitable
acometerlas, y mejor antes que tarde, requieren del mayor
consenso político. Y no solo de los grandes partidos
nacionales sino también los pequeños y sobre todo los
partidos nacionalistas, que tienen que asumir este problema
como prioritario y esencial
Pero sobre todo será necesario el consenso, y por ello habrá
que trabajar el tiempo que sea necesario. Solo con ese
CONSENSO, dando EJEMPLO a los españoles y con las medidas
más EFICACES, los ciudadanos estarán dispuestos a asumir los
nuevos sacrificios que se les piden.
*Mutua de Andalucía y Ceuta (CESMA)
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