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Para este gobierno no hay límite en los recortes. Los
aprobados en el Consejo de Ministros del 13 de julio no
serán los últimos. Quieren acabar con todo. Y lo quieren
hacer a costa de los de siempre: personas en paro, empleadas
y empleados públicos, pensionistas, jóvenes, mujeres e
inmigrantes. En su agenda de recortes no figuran las grandes
corporaciones empresariales o las rentas más altas. No
conviene molestar a los amigos.
En el Congreso de los Diputados, primero, y en Consejo de
Ministros, después, el Gobierno ha aprobado el mayor paquete
de recortes que se recuerda en democracia. Una agresión sin
precedentes, no ya a los derechos de trabajadores y
ciudadanos, sino a los fundamentos de la Constitución, y a
la propia democracia. Una agresión de consecuencias
laborales, sociales, económicas y políticas que ha de tener
la respuesta social y sindical adecuada.
El presidente del Gobierno presumió hace tan solo unas
semanas de no dejarse presionar por los mercados financieros
y las autoridades comunitarias. “En todo caso, he sido yo el
que los ha presionado a ellos”, respondió ufano a las
preguntas de los informadores. Su cinismo es insuperable. En
poco más de quince días, ha acudido raudo a cumplir con las
exigencias de Bruselas y ha precipitado la aprobación de
cuantos recortes le han indicado, sin que se resquebrajen
sus convicciones morales. Al contrario, si nos atenemos a la
puesta en escena de las medidas anunciadas -sonrisa,
aplausos de la bancada de la derecha y vulgares desprecios
de la diputada Fabra incluidos- cabe deducir que, además de
sentido de la justicia, a este Gobierno le hace falta una
buena dosis de humildad y sensibilidad hacia los sectores
más débiles de la sociedad.
De su paquete de recortes, únicamente se salvan los
poderosos. Justamente aquellos que más deberían contribuir a
superar la crisis y hacer frente a la situación que estamos
viviendo. Personas en paro, asalariados, empleadas y
empleados públicos, pensionistas, y personas dependientes
han sido siempre el blanco preferido del Ejecutivo. Y en
esta ocasión no iba a ser menos. El Gobierno vuelve a cargar
contra la función pública, a cuyos trabajadores criminaliza,
no sin antes eliminar su paga de navidad y reducir sus días
de libre disposición; hace más difícil la vida a las
personas en paro, recortando sus prestaciones cuando más lo
necesitan y empujando a muchas de ellas a la exclusión
social y la pobreza; anuncia inminentes recortes en el
sistema público de pensiones; y en su particular agenda de
políticas antisociales, asesta un casi definitivo golpe a
las personas dependientes y a quienes les atienden.
Por si ello resultara insuficiente, el Gobierno confirma el
desmantelamiento de las empresas públicas, aplica una nueva
revisión de las tarifas energéticas y baja dos puntos las
cotizaciones sociales a los empresarios, lo que afectará a
la viabilidad del sistema público de pensiones, algo que
quizás pretendan equilibrar -que cruel sarcasmo- con los
recortes anunciados a los futuros pensionistas.
En este contexto, la decisión de incrementar el IVA, un
impuesto muy injusto porque grava igual a rentas bajas que
altas, contraerá aun más el consumo y prolongará la recesión
económica. Y la pregunta es inevitable: ¿Para qué elegimos
un Gobierno que se saca de la manga un programa oculto y
estafa así a la ciudadanía? ¿Qué nos va a quedar del estado
social?
Llueve sobre mojado. Desde el primer día, este Gobierno no
ha parado de decretar recortes, de despreciar las
alternativas del movimiento sindical. Ha gobernado a golpe
de decreto lo que deriva en un creciente deterioro de las
instituciones democráticas. Invaden la autonomía municipal y
las competencias de CCAA, sin importarles el descrédito de
la política y la democracia, objetivo que tanto gusta a un
sector de la derecha más extrema. Estas medidas vienen a
sumarse a la reforma laboral que vulnera la negociación
colectiva, recorta derechos y facilita aun más el despido,
incrementando las cifras de paro. Dice hacerlo para
incentivar la actividad económica, la única capaz de generar
empleo; pero la economía sigue estancada y la recesión más
fuerte que nunca. Con estas medidas, la situación económica
empeorará y el paro superará los 6 millones de personas a
finales de 2012.
Recurriremos a todos los instrumentos legales a nuestro
alcance para responder a estas medidas. Antes de que acabe
el mes de julio celebraremos una Cumbre Social y Sindical
para decidir el calendario de movilizaciones. Convocaremos
acciones concretas y sectoriales; implicaremos a todos los
colectivos que sufren los recortes; haremos confluir la
movilización laboral y ciudadana; prepararemos una gran
marcha sobre Madrid en septiembre; emplazaremos al Gobierno
para que celebre un referéndum a fin de que trabajadores y
ciudadanos se pronuncien sobre los recortes; si rechaza la
iniciativa será el movimiento social y sindical el que
organice una consulta popular, y de acuerdo con el
resultado, active la respuesta de movilización más adecuada.
ANTE LA DECISIÓN DEL GOBIERNO DE DESMANTELAR EL ESTADO DE
BIENESTAR
• NO VAMOS A PERMITIRLO
• NO VAN A CESAR LAS MOVILIZACIONES
• HAY OTRA POLÍTICA
• HAN DE PAGAR MÁS LOS QUE MÁS TIENEN
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OPINIÓN
/
MANIFIESTO SOCIAL Y SINDICAL
