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Quien más y quien menos recuerda
perfectamente como se las gasta el progresismo español,
aquel que en otros periodos de nuestra historia democrática
más reciente ocupaba las calles de nuestro país al grito de
“OTAN de entrada No”, “No a la Guerra” o “Nunca Máis”.
Aquellos mismos que irrumpieron de forma fraudulenta en el
día de reflexión anterior a la celebración de las Elecciones
Generales del domingo 14 de marzo de 2004 acusando al
Gobierno de España de mentir a los españoles e instando a la
movilización a su electorado a través de las nuevas
tecnologías a las puertas de las sedes populares el mismo
día de las Elecciones en todo el país.
Ahora, este progresismo se solidariza demagógicamente con un
sector del carbón al que no dieron soluciones viables
durante años (gobiernos de Felipe González y José Luis
Rodríguez Zapatero). Un sector que ha recibido
infructuosamente desde 1986 más de 24.000 millones de euros
en ayudas directas al objeto de reconvertir un sector
deficitario y altamente contaminante. Deberíamos recordar la
dura reconversión industrial sufrida por el País Vasco tras
la crisis económica de los años 80 que llevo a esta región a
convertirse en una de las más desarrolladas de España.
Planes de ayuda al sector del carbón que deberían haber
finalizado en 2002 con el cierre de todas las explotaciones
no rentables, pero la dependencia de estas zonas mineras de
dichos fondos y el fracaso de los planes de reconversión
iniciados para crear empleo alternativo las han ido
prorrogando. Una plantilla del carbón que ha pasado de los
90.000 empleados en 1990 a poco más de 4.000 en la
actualidad a través de prejubilaciones subvencionadas con
fondo públicos. En la actualidad está vigente el plan
2006-2012 aprobado por los gobiernos socialistas de José
Luis Rodríguez Zapatero y los agentes sociales, quienes
habían pactado como fecha última para finalizar estas ayudas
el año 2018.
El plan actualmente vigente destinaba 248 millones de euros
para reducir tanto la producción como las plantillas de las
explotaciones deficitarias que deberían haber puesto en
marcha actividades económicas alternativas que generasen
nuevos puestos de trabajo. Unas ayudas que han experimentado
un ajuste del 13% frente al 32% que ha experimentado en
conjunto el presupuesto del Ministerio de Industria. No hay
un solo sector económico en el país que tenga un presupuesto
tan abultado como tiene el sector de la minería.
Pues bien, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid,
centrales sindicales y formaciones políticas de izquierdas
protagonistas en las negociaciones que fructificaron en el
mencionado plan 2006-2012 se solidarizan con la marcha negra
del carbón arremetiendo ferozmente, al igual que sucediera
en ocasiones anteriores, contra quien tan solo lleva seis
meses en el Gobierno de España, circunscribiendo sus
reivindicaciones exclusivamente en la disminución de las
ayudas durante este ejercicio y no en una negociación del
futuro de las comarcas mineras, el plan de la Minería
2013-2018, que es el que obliga la Unión Europa y sin el
cual no habrá un soporte legal para poder transferir
presupuestos a estas zonas. En definitiva, el progresismo
español exhorta a la movilización social contra un Gobierno
de España legitimado por las urnas hace escasos meses de
igual manera que lo hiciera años atrás. Los defensores de la
democracia contra la propia democracia.
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OPINIÓN / AL SUR DEL SUR
