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La situación no es “tan dramática” como la que había antes
de la adhesión de la Ciudad al plan de pago a través del
ICO, afirma el consejero de Economía, Guillermo Martínez,
quien achaca los retrasos a problemas organizativos y no “de
tesorería y falta de liquidez”. Caballas interpelará al
Ejecutivo el martes sobre el volumen de la deuda desde el 1
de enero.
El Gobierno de la Ciudad Autónoma tiene previsto que los
pagos a proveedores, que el presidente de la Ciudad, Juan
Vivas, reconoció la pasada semana a preguntas de este diario
que se han vuelto a retrasar, se pongan al día “en un par de
meses o un mes y medio”. Este es el cálculo del consejero de
Economía, Hacienda y Recursos Humanos, Guillermo Martínez,
respecto al momento en el que estos nuevos retrasos estarán
resueltos, aunque no quiso adelantar muchos detalles del
“argumentario” que ofrecerá a la oposición en el Pleno de la
Asamblea del próximo martes, donde el Grupo Caballas
presentará una interpelación al respecto.
Martínez manifestó que está en “condiciones” de decir que en
ese plazo de entre 45 y 60 días la Ciudad se pondrá al día
en cuanto a las facturas y la situación quedará
“regularizada”. “El riesgo de situaciones como las que hemos
vivido en ejercicios anteriores no se va a volver a
repetir”, aseveró el también portavoz.
Problema administrativo
De acuerdo con los argumentos del Ejecutivo, “el problema no
ha sido una cuestión financiera o de liquidez de tesorería”,
sino de carácter administrativo. El mecanismo extraordinario
de pago a los contratistas a través del ICO, que quedó
resuelto a finales del pasado mes de mayo, ha tenido a la
admininistración local un poco “liada” porque “hay facturas
que se han metido en dos sitios a la vez, porque a veces el
propio empresario las ha presentado así y por lo tanto, se
ha tenido que ser “prudente para no duplicar pagos en la
revisión de todos los que se hacen”.
Respecto al volumen de la deuda acumulada desde el pasado 1
de enero, el consejero no quiso adelantar detalles, pero sí
señaló que ha estado “recabando información” y la situación
“no es tan dramática” como antes. “Evidentemente quizá las
grandes empresas sí tengan problemas, pero los pequeños
proveedores están cobrando con cierta regularidad”,
concluyó. Entre las grandes empresas con facturas
pendientes, Caballas señaló hace unos días a Urbaser, a la
que según sus datos, se deben 10 millones de euros.
Por otra parte, el consejero ceutí participa hoy en Madrid
en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se
reúne para, según explicó, dar cuenta de los planes de
ajuste y estabilidad de las comunidades autónomas, algo en
lo que Ceuta lleva también ya su “vuelta de tuerca”, afirmó.
En el orden del día de la reunión figuran asimismo temas
como la obligación de informar al Ministerio de Economía por
parte de las autonomías “con cierta periodicidad” .
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“El Gobierno incumple su compromiso de pagar en un máximo de
40 días”
El Grupo Caballas anunció ayer la
presentación, en el Pleno ordinario de la Asamblea
correspondiente al mes de julio, que se celebra el próximo
martes, de una interpelación acerca de los retrasos
acumulados de nuevo desde enero en el pago a los proveedores
de la Ciudad.
Tal como se explica en una nota de prensa el Gobierno de la
Ciudad se había comprometido “públicamente y en los planes
económicos aprobados por el mismo”, en que el pago a
proveedores y empresas que prestan servicios a la
administración local se realizarían “en un plazo máximo de
40 días”. El procedimiento para “agilizar” los pagos fue
presentado por el Gobierno local a la Asamblea el pasado 30
de marzo, junto con el Plan de Ajuste necesario para el
acceso al crédito ICO de pago a proveedores y el Plan de
Sostenibilidad.
Este compromiso se ha convertido para Caballas “en una
mentira más del Gobierno de Vivas, que tiene a la mayoría de
las empresas que suministran productos o servicios a la
Ciudad sin cobrar en lo que va de año”. “Los plazos siguen
siendo los mismos que con anterioridad o incluso mayores,
acumulándose en muchos casos siete meses de demora en el
pago de los servicios prestados”, afirman. Para el Grupo de
oposición, “bajo la excusa de la carga de trabajo que ha
supuesto el Plan de Pago a Proveedores de deudas anteriores
al 31 de diciembre de 2011, las empresas ven cómo la
morosidad es la actitud normal de una administración que
hace aguas económicamente por todos lados”.
“Vivas y su gobierno parecen no ser conscientes -continúan-
del perjuicio que ocasionan principalmente a PYMES, con su
incumplimiento de pagos, pues ya no es que se incumplan los
40 días comprometidos por ellos mismos, sino que incumplen
también los 90 que suelen utilizarse normalmente por las
empresas como fecha tope de pago”.
Por todo ello Caballas interpelará al Gobierno en la próxima
sesión plenaria, en la que expresa que “existe un
descontento generalizado en la ciudad” en relación con el
incumplimiento del pago de facturas en un máximo de 40 días.
Por ello, solicitará información “sobre el volumen de pagos
pendientes (incluyendo sociedades) acumulados desde el 1 de
enero del presente ejercicio y las razones por las que no se
cumple el Plan de Estabilidad y Consolidación Fiscal”.
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