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Siete desempleados se manifestaron
ayer en las grúas de la empresa constructora de las 317
viviendas de protección oficial de Loma Colmenar. Cinco de
ellos consiguieron culminar el ascenso y llegaron hasta una
altura de sesenta metros. Los bomberos, al igual que la
Policía Nacional, acudieron a intentar convencerles de que
bajaran de las estructuras. A pleno pulmón pedían trabajo en
la obra. Ahora es el momento de solicitar responsabilidades
a los instigadores de estas concentraciones, que ayer
parecían mirar para otro lado. La Policía se mostró comedida
en todo momento y las familias de los manifestantes
aprovechaban para mandar a sus hijos a llevarles comida. La
reivindicación de un empleo es algo legítimo, pero siempre
dentro de unos límites; esta vez se ha incurrido en una
alteración del orden público e invadido y parado una obra.
Los trabajadores que se encuentran en ella también necesitan
ese sueldo para vivir. No hay que olvidar que la
Constitución, tal y como ya se señaló en estas líneas, dice
que todos los ciudadanos son iguales ante la ley.
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OPINIÓN / EDITORIAL
