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sucesos - LUNES, 9 DE JULIO DE 2012


juzgado de ceuta. archivo.

tribunales
 

Justicia quiere controlar el horario de los funcionarios

El hecho choca con la realidad de los
juzgados ceutíes, sobresaturados de trabajos, especialmente en lo Penal
 

CEUTA
El Pueblo

ceuta
@elpueblodeceuta.com

El Ministerio de Justicia ha propuesto introducir el control horario de los funcionarios al servicio de esta Administración y ha entablado negociaciones con los sindicatos para estudiar dos resoluciones por las que se aprueba su calendario laboral.

El hecho contrasta realmente con el problema que se está viviendo en determinados órganos judiciales de Ceuta, principalmente en lo Penal, donde se ha requerido más capacidad de medios humanos dado el elevadísimo volumen de trabajo existente, el mayor de toda España. Esta medida podría generar aún más malestar. De hecho, recientemente, los dos juzgados de lo Penal remitieron sendos escritos al Consejo General del Poder Judicial reclamando la consolidación de más medios humanos.

La Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia ha convocado esta semana a los sindicatos del sector para conversar, entre otros puntos, sobre la distribución de la jornada y la fijación de los horarios determinados en el calendario laboral de los secretarios judiciales y de los funcionarios de los Cuerpos Generales o Especiales.

Las resoluciones afectan a los funcionarios del territorio del Ministerio de Justicia -de aquellas comunidades sin las competencias transferidas-, así como a los secretarios judiciales de toda España ya que este Cuerpo depende del propio Ministerio.

Las propuestas de Justicia no se refieren a los jueces y magistrados, ya que su regulación depende del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Las resoluciones proponen que las Gerencias Territoriales del Ministerio, con la colaboración de los responsables de los centros de destino, unidades y servicios de esta Administración, velen “en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo” mediante “el sistema de control” establecido. Se contemplan medidas para la corrección de incumplimientos e infracciones, algo que ya se hace en la actualidad.

Mientras que el horario de los funcionarios será controlado por la Administración, los secretarios judiciales vigilarán su cumplimiento ellos mismos. La propuesta del Ministerio establece que “los secretarios coordinadores o, en su caso, los de gobierno velarán en su ámbito de competencia por el cumplimiento de las jornadas y horarios de trabajo”. Todo ello, por si no tuvieran suficiente carga de trabajo, como ocurre en los juzgados de Ceuta.

La regulación del calendario laboral para el Cuerpo Superior Jurídico de Secretarios Judiciales les permite desempeñar cuatro o cinco horas durante el horario de atención al público en los juzgados y, el resto de la jornada, cumplirla fuera de la oficina judicial.

El Ministerio argumenta que este colectivo ejerce funciones directivas, como la práctica de diligencias procesales o la preparación y estudio de resoluciones.

La secretaria general del Sector de Administración de Justicia de CCOO, Flora Martínez, explicó que se trata de la primera vez en la que el Ministerio establece dos resoluciones distintas para ambos colectivos y se muestra sorprendida porque sean los propios secretarios judiciales los que controlen su horario, a diferencia del resto de empleados públicos.

“Además, se permitiría que los secretarios judiciales suspendieran las diligencias urgentes que se encuentran realizando por haberse iniciado en el tiempo de trabajo ordinario y que las continuara un funcionario del resto de los Cuerpos”, explicó.

“Esto es inaudito puesto que en el calendario de los Cuerpos Generales se establece que, en ningún caso, se pueden interrumpir las diligencias y actuaciones urgentes”, agrega.

Para el sindicato, esta propuesta supone “una escandalosa rebaja de la jornada laboral de los secretarios judiciales a cuatro o cinco horas al día”, algo que “en los tiempo que corren y con las medidas de ajuste que el Gobierno está adoptando en las Administraciones Públicas, es una decisión que, de mantenerla el ministro Gallardón, supondrá un error político de calado”.

“Será otra semana caribeña como la destapada en el Consejo General del Poder Judicial”, concluyó.
 

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