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Se sabe todo: que, pese a contar con un buen centro de salud
en Castillejos, las embarazadas marroquíes siguen acudiendo
a dar a luz en Ceuta, convenientemente preparadas y
adoctrinadas, que lo hacen con el propósito final de
inscribir al nacido en el Registro Civil de Ceuta porque
“les han vendido” que pese a ser extranjero e hijos de
extranjeros esa simple inscripción le otorgará derechos en
un futuro y también se sabe que las estadísticas no casan,
hay más inscritos extranjeros que partos de extranjeros en
el Hospital, lo que predica la existencia de certificados de
nacimiento que van a parar a manos de las mafias que ya
saben qué hacer con ellos.
¿Y que pueden hacer los funcionarios y el secretario del
Registro Civil? Estrictamente nada, porque ni son la Udyco
para investigar caso por caso y certificado por certificado,
para ver cuales son auténticos, ni son tampoco la Policía
Científica capaces de determinar previo análisis si un
documento es o no falso y se pueden incoar Diligencias
Previas por delito de falsedad. Los del Registro Civil que,
pese al exceso de trabajo, funcionan de maravilla, tan sólo
pueden examinar con lupa el que cada inscripción de
extranjeros cumpla los requisitos y así mismo en las
misteriosas inscripciones “fuera de plazo”. En el Registro
mucho formalismo, pero por encima de él una ley absurda y
carpetovetónica que “obliga” a inscribir a los extranjeros
cuyos progenitores no son residentes ni tienen lazos de
ningún tipo con España, en lugar de derivarles a ser
inscritos en sus consulados o en su país de origen
directamente. Lógico que dentro de las reformas prometidas
por el nuevo Gobierno se modifiquen artículos del Código
Civil y así mismo se excluya de cualquier tipo de
inscripción ni empadronamiento a extranjeros que no tienen
en nuestro país ningún derecho al no cumplir los requisitos
exigibles. ¡Caro nos costó en su día el “papeles para
todos”! Eso motiva el que paralelamente a la concienzuda
investigación que está llevando a cabo la Policía y con
cuyos resultados nos vamos a quedar espantados, nuestros
senadores y nuestro Delegado de Gobierno comiencen, de común
acuerdo con Melilla que sufre idénticos embates de las
mafias de los partos, a proponer a los legisladores las
modificaciones legales que son totalmente imprescindibles
para acabar con los fraudes, cortarle las alas a quienes
llevan años haciendo un lucrativo negocio con el tema de
partos e inscripciones y que lo que se legisle sea aplicable
con efecto retroactivo es decir, que se ordene anular
inscripciones sospechosas de ser fraudulentas, así cómo
empadronamientos dudosos. Se impone una reacción con visos
de operación bien coordinada, porque la ciudadanía se
encuentra furiosa y no puede comprender el silencio
culpable, la permisividad babosa y la omisión del deber de
perseguir los fraudes, que a la postre son delitos puros y
duros, por parte de quienes “se supone” que existen y
cobran, cómo cargos electos o cómo servidores públicos, por
garantizar los derechos y las libertades de todos los
españoles y uno de nuestros primeros derechos es que no nos
mientan, ni nos defrauden y menos aún que nos tomen por
tontos del culo. La pasividad en este asunto es muy mal
recibida, por más que se trate de explicar que toda
investigación lleva su tiempo y que nos encontramos ante un
tipo de tramas internacionales muy consolidadas y asentadas
por la falta de aplicación de las leyes, piensan muchos que
cuando comiencen las detenciones va a faltar espacio en la
cárcel de Algeciras para los imputados. La clave está en una
actuación multidisciplinar: Policía Judicial e Información
por una parte y presión para la reforma legislativa por
otra, funcionando coordinados por el Delegado de Gobierno en
varios campos de forma simultánea. Pero no hay que dilatar
demasiado la desarticulación de la trama porque hay
exasperación,mucha.
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OPINIÓN
/
ANALISIS
