A pesar de que el portavoz Guillermo Martínez trate de
desmentir rumores, los sindicatos están ya ojo avizor. Como
diría un castizo, están más “mosqueados” que un pavo en
Nochebuena. Lo peor es que no se trata de una broma, ni son
rumores ni leyendas urbanas. Un simple ejemplo es la
voluntad de privatizar AMGEVICESA y que lleva consigo
aligerar el personal, es decir, ni más ni menos que
prescindir de personal. La empresa privada interesada
(primero era una de Sevilla y ahora una de Madrid), no está
por la labor de asumir a los 120 trabajadores y ha puesto,
como requisito “sinne qua non” que el trabajo sucio se le
haga antes de asumir esta empresa. Una liquidación que lleva
consigo, bien que lo saben aquéllos que dicen que no hay que
alarmar, prescindir de personal.
Se habla incluso que el Gobierno de la nación -una más de
Mariano Rajoy- prepara un Real Decreto para imponer que las
empresas públicas deficitarias sean “prescindibles” (como
ahora se dice en plan fino), lo que conlleva no pocos dramas
familiares y mucha más gente al paro. Los sindicatos manejan
a nivel local un porcentaje concreto: el 16% de trabajadores
a la calle, en virtud de un hecho: para una población de
82.000 habitantes los 2.100 trabajadores públicos (1.300 del
Ayuntamiento y 800 de empresas municipales), son un lastre
excesivo en tiempos de crisis.
Lo peor de este galimatías economico-político es que,
quienes provocaron la crisis con sus despilfarros y mala
gestión, se autoproclaman ahora salvadores de un problema
que generaron ellos mismos, engañando a todos, diciendo que
había superavit cuando era mentira, desmintiendo la mala
situación financiera cuando refinanciaban con préstamos las
deudas, cuando encargaban servicios y luego no los abonaban,
cuando fueron capaces de generar nada menos que la friolera
de 45 millones de euros sin consignación presupuestaria.
Nadie ha dimitido, y ahora, recurren para salvar su
desastrosa gestión a un ejercicio de cinismo para refugiarse
en la crisis como si se tratara de un mal inevitable y con
ellos no fuera nada. El rebote de los sindicatos es claro:
sufren esta situación y son víctimas de ella quienes no la
generaron, de quienes acumularon un sinfín de actuaciones
negligentes, justificándose ahora en la “bonanza económica”
cuando debían decir “la irresponsabilidad política de
despilfarro” y el engaño permanente.
Ya se escuchan frases como ésta: “Mi familia no se va a
quedar sin comer”. ¿Qué quiere decir esto? Pues
sencillamente que la que se avecina es buena, gorda,
tremenda, crítica y de dimensiones incalculables. Poner
gente en la calle no es una frivolidad ni un ejercicio más
de carácter burocrático; es cambiarle la vida, a peor, para
mal, a mucha gente que intentará defenderse, de una u otra
forma.
Cuando en el discurrir de la vida cotidiana, un contrato te
vincula con unos derechos y unas obligaciones, los políticos
campan por sus anchas y, sin el menor rubor, cometen
verdaderas felonías sin inmutarse. No se hacen responsables
absolutamente de nada, de ninguna de sus decisiones. En la
vida cotidiana, cualquier tipo de incumplimiento contractual
supone una penalización, hay que pagar por ello. Pues bien,
los políticos, se creen impúnes y hacen y deshacen a su
antojo, sin problemas porque se saben seguros y, luego lo
justifican todo con palabras huecas y comportamientos
vergonzosos.
Sabedores que el ciudadano nada más que dicta sentencia cada
cuatro años, ponen al mal tiempo buena cara, conscientes que
cuatro años pueden ser una eternidad ahora, aunque de por
medio, también hay movilizaciones, huelgas y demás signos de
protesta.
La crueldad de la situación, los intentos de desmentidos
sobre la “rumorología” como hacia ayer el Portavoz del
Gobierno, no es creíble porque si de algo adolecen los
políticos es, precisamente, de credibilidad. Y bien es
cierto que esos rumores a los que trata de anular Guillermo
Martínez se han ido confirmando hasta ahora, uno a uno. Por
ello, no tenemos que pensar que ahora cambiarán las cosas.
De momento, para las medidas más duras, nos citamos para
septiembre. Veremos.
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