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Esta semana dijeron basta. Los integrantes de los juzgados
de lo Penal números 1 y 2 de Ceuta aunaron esfuerzos y por
separado remitieron al Consejo General del Poder Judicial
sendos escritos en los que exponen la situación de inminente
colapso de ambos tribunales, como consecuencia de la falta
de medios humanos.
Cuando lo lógico sería que se habilitara un tercer juzgado
de lo Penal en Ceuta, se mantienen, por ejemplo dos juzgados
de lo contencioso-administrativo que, sin menoscabar la
importancia de su labor, no tienen un volumen de trabajo
como para mantener la existencia al menos del segundo de
ellos.
Ya en mayo, este diario informaba de la gran carga de
trabajo judicial que suponían, por ejemplo, las ejecutorias
penales. Se supera con creces la media nacional en cuanto a
asuntos que tratan, y de hecho, si funcionan adecuadamente
es sencillamente por mor de las personas, escasas personas,
que trabajan en ellos y que suplen las carencias con una
dedicación digna de encomio.
La propia secretaria de Gobierno de Juzgados y Tribunales,
Josefa Villar, explicaba a primeros de mayo en este diario
que se sentía muy solidaria con el problema. “Me produce
escozor”, dijo textualmente Villar, al ser interpelada por
este diario en torno a la carga de trabajo que soportan
ambos juzgados de lo Penal de Ceuta.
En enero de 2007 se abría el tercer juzgado de lo Penal, que
cerró sus puertas el 31 de diciembre del siguiente año y
pasó a convertirse en el sexto juzgado mixto, esto es, de
primera instancia e instrucción.
Los juzgados de lo Penal números 1 y 2, con sus respectivas
y mermadas plantillas de funcionarios adscritos -menores en
número de lo que estaría dispuesto por la administración de
Justicia- emiten del orden de 1.600 ejecutorias penales al
año. Son actos jurídicos de enorme importancia, ya que no
sólo consisten en la plasmación por escrito de las
sentencias que dictan los magistrados, sino que suponen la
ejecución de facto de las mismas, en el sentido que sea.
Los funcionarios no dan abasto y eso que cada uno de los dos
juzgados se turna semanalmente para acoger las vistas orales
en la sala que comparten en la segunda planta del edificio
Ceuta Center. Aunque muchos de los juicios son muy rápidos,
ya que la tónica habitual es que se produzcan muchas vistas
de conformidad en torno a delitos contra la salud pública,
lo cierto es que el papeleo que conlleva cada uno de ellos
es ingente.
“La carga de trabajo que soportan es superior a la media
nacional”, confirmaba la propia secretaria de Gobierno de
Juzgados y Tribunales de Ceuta en torno a este asunto.
También en junio de este mismo año, el representante de CCOO
en la Junta de Personal de la Administración de Justicia de
Ceuta, Miguel Almedina, proponía que se consolidaran como de
plantilla los refuerzos para las ejecutorias penales.
En el escrito que se dirigió recientemente por parte de los
dos juzgados al Consejo General del Poder Judicial se ponía
de manifiesto la situación de práctica “mendicidad” en
cuanto a tener que estar cada cierto tiempo solicitando que
se vuelva a renovar el refuerzo de plantilla interino. Äntes
se realizaba cada seis meses. Ahora, teniendo en cuenta las
medidas de austeridad impulsadas por el Gobierno y
trasladadas desde el Ministerio que titula Alberto Ruiz-Gallardón,
la petición ha de hacerse cada dos meses.
Es una situación insostenible y que amenaza con que ambos
juzgados entren en una situación de colapso en poco tiempo.
Por poner ejemplos, el Juzgado de lo Penal número 1 de
Sevilla, que ha alcanzado notoriedad a nivel nacional por
casos como el asesinato de Marta del Castillo, no llega ni a
la mitad de asuntos que pueda tratar cualquiera de los dos
juzgados de lo Penal de Ceuta. La pelota, pues, está en el
tejado del Ministerio de Justicia.
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