Por segunda vez, la Ciudad Autónoma desistió ayer en su
intento de ejecutar una orden de derribo de una obra ilegal.
La actuación estaba decidida desde comienzos de mes, pero la
semana pasada se pospuso, una vez desplazados al lugar los
técnicos de Fomento, la brigada de Obimace y la Policía
Local, al argumentar el dueño que tenía “papeles”. De nuevo,
se comprobó que la vivienda, de la que en estos días han
avanzado las obras, ocupa terreno municipal y que no tiene
permiso de construcción. No obstante, la directora general
de Fomento, Carolina Pérez, suspendió la demolición ante las
quejas de una veintena de vecinos.
Por segunda vez, el Gobierno de la Ciudad Autónoma desistió
ayer de ejecutar el derribo de una construcción ilegal en el
Príncipe. La orden de demolición de las obras, que
corresponden a una vivienda de la cual se han construido ya
los cimientos, algunos pilares de hormigón y tres paredes de
ladrillo, contaba con todos los informes técnicos
necesarios.
Tal como informó entonces este diario, el pasado día 22, los
servicios de la Consejería de Fomento y la Policía Local se
movilizaron ya, junto a operarios de Obimace, para derribar
esta construcción. En el momento de ejecutarse la orden, el
hombre que dice ser propietario de la vivienda aseguró tener
“papeles” de la misma. Al día siguiente, ya en dependencias
municipales, se comprobó que tan sólo dispone de un recibo
de compra de una antigua barraca por la que en los años 70
pagó 66.000 pesetas y que hoy no existe. También se
volvieron a comprobar los planos catastrales para confirmar
que la casa ocupa terreno público, propiedad de la Ciudad.
Además, tal como resaltaron desde Fomento, la obra en sí es
completamente ilegal pues el promotor no tiene permiso
alguno de construcción.
Junto al solar para el CNP
La edificación se encuentra situada en la parte alta de la
vaguada del Príncipe Alfonso que da a Loma Colmenar y
desciende hasta la carretera de acceso al hospital. A este
lugar se accede por un desvío situado junto a la parcela
arbolada en la que el delegado del Gobierno, Francisco
Antonio González, afirma que hay “voluntad política” de
construir la nueva Jefatura Superior de Policía. Toda la
zona es de difícil acceso, y a partir de unos 300 o 400
metros, sólo puede transitarse a pie pues las
construcciones, muchas de ellas sin terminar, ocupan
prácticamente todo el espacio disponible.
La directora general de Fomento, Carolina Pérez, se personó
ayer en el lugar acompañada de tres vehículos de la UIR y
dos ‘zetas’ de la Policía Local y algunos operarios de
Obimace, aunque sin maquinaria pesada para el derribo. A las
10 de la mañana ya había unas 15 personas concentradas junto
a la edificación que iba a derribarse.
Tal como hiciera la pasada semana, el propietario de la
construcción se acercó a Pérez para defender la legalidad de
la obra mostrándole unos papeles. Al poco, se le sumaron
otros dos jóvenes que se presentaron como familiares. “En el
Príncipe está todo construido (...) Esto era una barraca de
mi hijo. Está todo pagado, agua y electricidad, desde el año
64”, eran algunos de los argumentos que se escuchaban al
defensor de la obra, que afirmaba que la barraca había sido
comprada y vendida “de uno a otro que no sabían ni firmar y
firmaban con los dedos”.
Pérez trataba de explicarles: “Pero es como si le cedo
esto”, y señalaba la carretera, “eso no se puede vender”.
También le reprochó que en unos días habían aparecido nuevas
paredes de ladrillo.
“Tenemos derechos”, insistían los vecinos, que afirmaban que
en el lugar había “una barraca llena de ratas con peligro
para los niños”. El constructor señalaba además otras casas
levantadas igual que la suya y con las que “no ha pasado
nada”. “En estos sitios que dice estamos actuando, en el
centro estamos tirando áticos, a vosotros no podemos daos
licencia de un terreno que no es vuestro, que no es legal”,
insistía la representante de la Ciudad. El tono de voz del
hombre comenzó a crecer: “¡Sólo dios o un terremoto o un
tsunami puede tirar todo!”. “...es la ley”, se oyó decir, en
tono más bajo a Pérez.
Para ese momento, se habían sumado al operativo dos zetas
más de la Policía Local, y los trabajadores de Obimace se
retiraban a la rotonda donde estaba apostada la UIR.
Hacia las 11.00 horas y tras acercarse ella misma a la
construcción ilegal -pasando por otra de tres plantas en
obras-, Carolina Pérez abandonaba la zona sin ejecutar el
derribo. A quienes dicen ser los propietarios de la
vivienda, la directora general de Fomento les envió a hablar
esa misma mañana con un técnico, un ingeniero, no de la
Consejería, de la que depende el área de Disciplina
Urbanística, sino de la Gerencia de Infraestructuras y
Urbanismo (GIUCE).
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“Juan Vivas es muy bueno, y si viene otro que no entiende de
nada y empieza a tirar...”
“Juan Vivas es muy bueno, y si
viene otro que no entiende de nada y empieza a tirar... Yo
sí os conozco... No vamos a entrar así ¡buumm! Yo ingeniera
no soy, y yo estoy aquí por la orden que he recibido”. Quien
así se expresaba ayer ante el vecino que edifica una casa
ilegal en la parcela pública 209-D de la Agrupación Este del
Príncipe es Carolina Pérez, directora general de Fomento,
que ante las exigencias de los familiares y amigos que se
concentraron para “presionar” contra el derribo, tuvo que
advertir también que no era “la consejera de Asuntos
Sociales”.
Ni siquiera los argumentos sobre seguridad sirvieron a
Pérez: “¿Cómo van a entrar los bomberos? ¿Y si os pasa
algo?”, decía señalando lo angosto de las callejuelas,
plagadas de construcciones igual de ilegales. “Pues como
llegamos nosotros”, le espetó un hombre.
Finalmente, la presión vecinal dio sus frutos, la Policía
Local puso una cinta alrededor de la obra y la comitiva de
Fomento, Obimace y Policía local dio, por segunda vez, la
vuelta y se marchó.
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