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El Real Decreto-Ley de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud se aplicará a
partir del 1 de julio. En prestación farmaceútica se
implantará un copago progresivo en función de las rentas.
Los pensionistas pasarán a pagar hasta el 60% del importe de
los medicamentos, con límites máximos establecidos de 8, 18
y 60 euros.
El próximo 1 de julio entra en vigor el Real Decreto-Ley
16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar
la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la
calidad y seguridad de sus prestaciones. El capítulo IV
aborda las medidas sobre la prestación farmaceútica, que
afectará, principalmente, al colectivo de pensionistas,
quienes tendrán que pagar hasta sesenta euros en
medicamentos.
El director general dael Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria (Ingesa), José Julián Díaz Melguizo, visitó Ceuta
el pasado miércoles y se reunió con los representantes del
Ingesa a nivel local, así como con el delegado del Gobierno,
Francisco Antonio González Pérez. Díaz Melguizo mantuvo un
encuentro con representantes del Colegio Oficial de
Farmacéuticos de Ceuta para explicarles cómo afectará este
Real Decreto-Ley. Por parte del Colegio, acudieron a la cita
su presidente, Antonio Ruiz Moya; vicepresidente, José María
Partida; secretario, Ángel Pedrosa; tesorero, Aurelio Puya,
y los vocales, Federico Vivas, María Luisa Ares y Mario de
Miguel.
“El día 1 de julio empieza la nueva prestación farmaceútica
y hay diversos grupos que tendrán que pagar de diferente
manera”, explicó el director del Colegio, tras la reunión.
El colectivo de pensionistas será uno de los más afectados.
En las recetas expedidas por el facultativo -tras un cruce
de datos informático- aparecerán unos códigos que indiquen
si el usuario debe pagar el 60% del medicamento (rentas
superiores a 100.000 euros); el 10% del precio (rentas tanto
inferiores como superiores a la obligatoriedad a hacer la
declaración de la renta) o si el medicamento será gratuito,
en el caso de los perceptores de pensiones no contributivas.
En cualquier caso, existirán unos máximos de 8, 18 o 60
euros, en base a esas rentas.
Procedimiento
En el caso de que se superen esos límites económicos, el
procedimiento, según explica el presidente del Colegio, será
que el usuario solicite una factura en la farmacia y
presente una reclamación por las vías oficiales. El Estado
dispondrá de hasta seis meses para devolver el importe
excedente. “Esto es, en la primera semana de agosto, el
usuario reclamará el importe relativo a julio y el Estado
tendrá hasta enero para devolvérselo”.
“El Ingesa nos comunicó que habían hecho un estudio
retrospectivo y que la medida afectaba a poca gente”, apunta
Ruiz, quien explica que “la burocracia” para el reembolso se
podría acelerar si se llega a implantar la receta
electrónica, que debería estar vigente “a partir de enero de
2013”. “Estamos en ello”, añade.
Hasta la entrada en vigor de esta norma, los pensionistas no
pagaban por los medicamentos. Para el resto de usuarios del
Sistema Nacional de Salud, el pago era del 40%. A partir de
ahora pagarán el 40, 50 o 60%, según las rentas. En cuanto a
los parados de larga duración, no tendrán tampoco que
retribuir los medicamentos.
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