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Melilla tarda una media de 81 días en pagar las facturas
atrasadas a autónomos y pequeñas y medianas empresas, por lo
que se convierte en la quinta autonomía que menos tarda en
ponerse al corriente, según afirma la Federación Nacional de
Trabajadores Autónomos (ATA). Los autónomos y las pymes
están cobrando sus facturas atrasadas de las
administraciones públicas en un tiempo medio de 161 días,
casi cuatro veces lo que establece la Ley de Morosidad.
Estos datos se desprenden de una encuesta que ATA ha
realizado a 2.500 autónomos que trabajan habitualmente con
administraciones públicas, tanto para comunidades autónomas
como para entes locales, diputaciones y empresas públicas.
Según esta encuesta, los autónomos y pymes cobran sus
facturas atrasadas de estas administraciones en un tiempo
medio de 161 días.
Sin embargo, recuerda ATA, la Ley de Morosidad y la futura
directiva europea de la UE obligará a las administraciones
en 2013 a pagar en treinta días.
Según Lorenzo Amor, presidente de ATA, “parece irreal que la
directiva se pueda cumplir”.
“El pago a proveedores ha sido un verdadero rescate, pero
las administraciones están lejos del cumplimiento de una
norma a la que le quedan seis meses para entrar en vigor”,
afirma.
Amor añade que “más del 80 % de lo facturado por los
autónomos a las administraciones públicas en enero y febrero
de 2012 están aún sin pagar”.
Según la encuesta de ATA, casi uno de cada cuatro autónomos
(23,6 %) tarda en cobrar más de un año y sólo el 11,8 %
cobra antes de noventa días de las administraciones
públicas.
Mientras en España el periodo medio de pago es de 161 días,
en la UE la media es menos de la mitad: 79 días. Sólo Italia
(185 días) y Grecia (177 días) superan a España.
Dinamarca (37 días), Alemania y Suecia (ambas 34 días), y
Finlandia (que ya cumple la directiva europea al pagar en
una media de tiempo de 24 días) son los países que menos
tardan en pagar a sus proveedores.
La encuesta de ATA afirma que el periodo de pago medio de la
administración central a autónomos y pymes es de 72 días,
las comunidades pagan de media en 139 días y los
ayuntamientos en 178,
siendo estos últimos donde se concentra el mayor volumen de
la facturación de autónomos a las administraciones públicas.
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