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Mohamed Alí, Juan Luis Aróstegui y Fátima Mohamed, líderes
de Caballas, ofrecieron ayer una rueda de prensa para
denunciar públicamente una presunta “prevaricación” del
actual consejero de Programación y Relaciones con otras
Administracionies, Francisco Márquez, en favor del
presidente de la Cámara de Comercio, Karim Bulaix, tras el
procedimiento de subasta pública por el que se le adjudicó a
‘Edificios Clásicos del Revellín S.L.’ la parcela R3 del
Plan Especial PR2 Huerta del Molino por 3.000.000 euros.
Caballas, el primer grupo de la oposición, denunció ayer una
presunta “prevaricación” por parte de Francisco Márquez en
favor de Karim Bulaix con respecto a la parcela de la Huerta
del Molino.
Durante la rueda de prensa, Alí recordó que esta situación
viene motivada tras haber sido “hurtada, por parte del
Gobierno de la Ciudad, la capacidad legítima de los grupos
de la oposición de participar en los expedientes de
contratación”, algo que según el líder de Caballas provoca
situaciones como la denunciada ayer con la Huerta del
Molino, así como “otras muchísimas irregularidades”.
Caballas aseguró que a través de Emvicesa se adjudicó esta
parcela a la empresa ‘Edificios Clásicos del Revellín S.L.’
con una serie de condiciones que “han sido incumplidas” por
la empresa y que ha motivado que a fecha de hoy “unos
ingresos que tenía que disponer de ellos la ciudad no se
tengan; que no se haya rescindido el contrato; así como una
actitud totalmente irregular, cercana de lo ilegal, y que
nos va a dar la posibilidad de emprender acciones legales
por prevaricación del ex consejero de Hacienda tal y como
recoge el interventor en su informe”. Durante su
intervención, Alí aseguró que Francisco Márquez, de forma
“unilateral modifica el pliego para posteriormente emitir
una resolución en la que se autorizó y aprobó una prórroga
por seis meses a favor de la empresa”, asunto este que
catalogó de “muy grave” ya que según Caballas es “una
muestra más de que el Ejecutivo de Vivas actúa por amiguismo
y de forma arbitraria”, destacando a continuación que “el
Gobierno local no puede hacer favores a sus amigos, y menos
en los difíciles tiempos que corren, mientras se muestra tan
celoso con las demoliciones que está ejecutando”. Alí instó
al Gobierno de Vivas a afrontar esta situación y a ejecutar
de forma inmediata, la fianza del solar (180.000 euros) y la
penalización prevista en el pliego del 25% del total del
precio (750.000 euros), lo que supondría un total de 930.000
euros.
“Inaceptable”
Por su parte, Juan Luis Aróstegui ha denunciado que es
“inaceptable que el Gobierno manipule como se le antoja
cualquier expediente de enjundia para interpretarlo a su
modo de forma interesada” y ha instado a Karim Bulaix, “al
que el PP apoya en la Cámara como si fuera un empresario
modelo”, según Aróstegui, a “pagar ya a la Administración la
fianza y la penalización o bien abonar los 3 millones de
euros que cuesta la parcela de Huerta del Molino”
Aróstegui preguntó “si la Ciudad se puede permitir renunciar
a esos 930.000 euros sin que Vivas mueva ni un dedo mientras
se producen recortes en Sanidad, Educación, salarios
públicos y en Asuntos Sociales”
Antes de comenzar la rueda de prensa, los integrantes de
Caballa repartieron entre los medios de comunicación
presentes el informe realizado por el interventor de la
Ciudad el pasado día 9 de febrero y en el que queda
constancia de que no encuentra por ningún lado la “laguna
contractual” a la que apeló Márquez para no exigir al
adquiriente el pago de los 3 millones en que se valoró el
solar.
En ese mismo informe, el interventor instaba al gerente de
Emvicesa a convocar “en una semana” a ‘Edificios Clásicos
del Revellín’ para que pagase lo acordado y firmase la
escritura de compraventa o, en caso de negarse, a “resolver
el contrato”, “incautar las garantías previstas” y “exigir
la cantidad que resulte en concepto de daños y perjuicios de
aplicar el 25% al precio de adjudicación”, cuestiones que no
se han efectuado por parte de la Ciudad pese a que ya han
pasado cuatro meses, tal y como así lo denunció ayer
Caballas.
Finalmente, Caballas exigió una comparecencia pública del
por aquel entonces consejero de Hacienda, Francisco Márquez,
para que explique “porqué modificó y prorrogó de forma
unilateral los plazos, en contra del procedimiento, de los
trámites legales y del criterio del interventor”, y no
descartó acciones legales.
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Márquez: “Es un exceso verbal hablar de prevaricación”
El consejero de Programación y
Relaciones con otras Administraciones, Francisco Márquez,
salió al paso de las acusaciones vertidas desde Caballas y
consideró “un exceso verbal del señor Aróstegui hablar de
prevaricación”. Márquez aseguraba a EL PUEBLO que lo único
que se ha buscado desde la Ciudad, es conseguir ingresar los
3 millones de euros de la enajenación, y que no ha existido
el supuesto “amiguismo” al que hicieron referencia desde
Caballas. El consejero reconoce que se ha agotado todas las
posibilidades para intentar cobrar íntegramente los 3
millones pero que tras el informe del interventor se ha
aprocedido a suspender esa prórroga y se ha emplazado al
empresario a abonar la cantidad o la penalización y la
fianza pertinente. Además aseguró que Bulaix ha recurrido el
pliego de condiciones, “así que finalmente nos veremos en
los tribunales con el empresario”, concluyó.
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Carracao: “El PSOE ya avisó de que era un ejemplo de mala
gestión”
El secretario general del Partido
Socialista, José Antonio Carracao, explicó ayer que, aunque
no comparten las críticas planteadas por Caballas, ellos ya
alertaron de que determinadas parcelas era “un ejemplo de la
mala gestión” de este Gobierno y “de la venta de Patrimonio
de la Ciudad Autónoma sin ninguna recaudación”. “Son
gestiones que se hacen sin ninguna justificación y que luego
no repercuten en las arcas municipales que es lo que motivó
la venta”, apostilló Carracao. “La Ciudad Autónoma ha dejado
de recaudar; el Gobierno vende mal y tarde y sin ningún
beneficio para Ceuta”, agregó. El socialista enumeró en este
sentido otras situaciones polémicas ocurridas con los
inmuebles de González de la Vega y Serrano Orive, y con el
Plan Aparca. “Huerta Molino se suma a la mala praxis que
acumula el Gobierno”, concluyó.P.G.
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oposición
