El rescate solicitado el pasado sábado por el Gobierno es la
consecuencia de la explosión de la burbuja
hipotecaria-financiera que permitió la enorme burbuja
inmobiliaria y ha traído a España la crisis económica más
grave en la historia contemporánea.
Los ciudadanos y consumidores piden explicaciones completas
y responsabilidades a los causantes de lo que se confirma
como el mayor fraude a la economía y a la sociedad
perpetrado por la banca y un poder político tolerante
durante muchos años con sus abusos. No cabe duda de que la
banca es la causa de la crisis económica y financiera
española, y el rescate hace patente quién debe pagarla, así
como los cambios que deben hacerse para salvar a la
ciudadanía y los consumidores, que han sido las principales
víctimas del fraude y están injustamente pagando sus
consecuencias.
Conviene recordar además que los usuarios ya están atrapados
en muchas entidades en un corralito de participaciones
preferentes que ha servido para capitalizar la banca, que
aún necesita más liquidez y aparte los números son muy
claros: 30.000 millones de euros están en la banca por este
producto, por no hablar de las salidas a bolsa de por
ejemplo Bankia, Caixabank, Banca Cívica, donde se ha
convertido en accionistas a clientes que no lo querían ser y
cuya comercialización fue irregular y fraudulenta.
No vamos a consentir más mentiras y marketing. Se debe
recuperar la confianza con la participación de todos los
usuarios a los que el señor De Guindos en sus decretos de
saneamiento del sistema financiero ha ninguneado, teniendo
en cuenta sólo a las entidades financieras y sus
responsables. El crédito no se va a recuperar ya que estas
ayudas sólo quieren tapar agujeros de la banca, pero no dan
solución al problema del endeudamiento ni del acceso a una
financiación pública en condiciones razonables y accesibles.
Los planes impuestos por la UE y el FMI en el actual rescate
tienen el peligro de que se haga cambiar la operativa
bancaria, el flujo del crédito y las repercusiones en la
economía en general a peor, hacia un sistema aún más
bancarizado y monopolista.
Ni la legislación española ni los organismos reguladores
valoran la posición de los usuarios como se hace en otros
países de nuestro entorno, donde existe una banca más
saneada y con un funcionamiento menos abusivo. Esto tiene
que cambiar y también exige un rescate. ADICAE ya ha lanzado
todos tipo de propuestas antes y durante la crisis sobre los
organismos reguladores (Banco de España y CNMV) que deben
contar con participación de los propios consumidores para
que sus derechos sean tenidos en cuenta.
El simple apoyo de dinero que le van a inyectar a la banca
sin que haya cambios sustanciales que tengan en cuenta los
derechos de los consumidores puede degenerar en nuevas
crisis como ésta y en un sistema financiero más monopolista
y avaricioso, que los ciudadanos no aceptan ni deben
aceptar.
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