El partido localista Caballas ha anunciado a través de un
comunicado de prensa que el Gobierno “se propone anular el
concurso para la adjudicación del ‘Servicio Integral del
Alumbrado Público’, después de haber abierto las plicas”.
Desde Caballas se asegura que el proceso se encontraba “muy
avanzado” y afirman que Gregorio García Castañeda ha tomado
la decisión de “suspender el contrato”.
El Gobierno de la Ciudad, “sumido en el despropósito
permanente, ha decidido suspender la adjudicación del
contrato de ‘Servicio Integral del Alumbrado Público’, que
se estaba tramitando por un importe cercano a los 25
millones de euros”. Así comienza su comunicado de prensa el
partido localista Caballas, que asegura que esta decisión se
ha adoptado “cuando el proceso de adjudicación se encontraba
muy avanzado”.
Y es que “las plicas ya se habían abierto y las dos ofertas
que habían sido aceptadas -dos fueron rechazadas, entre
ellas la única local-, estaban sometidas al preceptivo
informe de la Comisión Técnica”, aseguran.
Para Caballas esta decisión “sólo se puede calificar de
insólita y desconcertante” puesto que “un pliego de
condiciones que ha sido sometido a múltiples valoraciones de
tipo técnico y jurídico, y presentado por el Gobierno como
una iniciativa maravillosa que iba a suponer una cuantiosa
inversión -cambio de las luminarias actuales por el sistema
LED”, además de “ahorrar un 40% el consumo de energía
eléctrica, de repente se convierte en un negocio ruinoso que
es preciso evitar a toda costa”. El partido localista cree
que “esta decisión subyace de la huida del consejero
Márquez” puesto que “García Castañeda, radicalmente opuesto
a este contrato, perdió el pulso con el entonces consejero
de Hacienda y tuvo que asumirlo a regañadientes; la práctica
desaparición de la política local de Márquez ha permitido a
García Castañeda recobrar protagonismo y suspender el
contrato”, continúan.
“Bochornosa decisión”
En definitiva, “este hecho avala las críticas de Caballas
sobre la política de contratación del Gobierno”. “Vivas se
ha negado a que las contrataciones sean materia plenaria y a
que la opoisición pueda participar en su tramitación; no
quieren fiscalización y, de este modo, son libres para sus
tejemanejes, tal y como queda demostrado con esta bochornosa
decisión”, finalizan.
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