El Cuerpo Nacional de Policía (CNP) procedió ayer a ejecutar
la orden judicial de lanzamiento de las familias que habían
usurpado un edificio de propiedad privada en la calle Alfau.
El operativo se desarrolló sin incidentes a lo largo de la
mañana. Por la tarde, el administrador, Fincas Valriberas,
había procedido ya a tapiar la puerta para evitar otra
ocupación.
La calle Alfau fue ayer escenario del desalojo de un
edificio de viviendas que había sido ocupado en su totalidad
y de forma organizada hace más de año y medio, según
explicaban los administradores, Fincas Valriberas. La
denuncia por estos hechos se presentó en enero de 2011.
Pasadas las diez de la mañana, agentes de la Unidad de
Prevención y Reacción (UPR) y Policía Judicial procedían,
con la colaboración con la Policía Local, al cierre al
tráfico de la calle con el fin de ejecutar el lanzamiento
decretado por el Juzgado de Instrucción número 3. Para ese
momento, cinco de las ocho familias que ocupaban el inmueble
lo habían abandonado ante los últimos avisos de desalojo;
una de ellas había entregado las llaves el día anterior.
Comenzaba entonces un vaivén de personas y enseres,
pertenecientes a las tres familias restantes, que poco a
poco fueron abandonando también el edificio sin que fuera
necesario el uso de la fuerza.
Según fuentes policiales, la mayoría de los ‘okupas’ eran
marroquíes, algunos, casados con españoles. El último en
llegar había sido un matrimonio con dos hijos de 2 y 4 años.
“A mi prima la engañaron porque no sabe español”, aseguraba
una mujer, testigo del desalojo y que relataba la misma
historia que estos ocupantes habían declarado a la Policía:
que hace unos veinte días habían dado a un hombre 4.000
euros por las llaves del piso.
Jandu era una de las desalojadas y, como el resto, se
lamentaba de que “nadie” se preocupe de dónde iban a ir esas
personas, sobre todo, por los niños pequeños. “Ellos no
tienen la culpa -decían en referencia a la policía y a los
representantes del propietario y del Juzgado-, la tienen los
de arriba”. “España se va al carajo”, protestaba Naima,
quien aseguraba vivir también de ‘okupa’ en un edificio
cercano.
Para unos, los desalojados y los familiares que en algunos
casos acudieron a ayudarles a trasladar sus enseres, se
trata de una injusticia; para otros vecinos, que
presenciaban la escena, de todo lo contrario. “Esta calle es
toda así, hay muchos edificios viejos con gente que entra y
los ocupa, y muchos son marroquíes”, afirmaba un señor
mayor. Otro manifestaba su preocupación por este tipo de
situaciones. “Mi hijo tiene una casa en el Recinto y cuando
se marcha de vacaciones tengo que pasarme por allí porque si
no, se la ocupan”, manifestaba.
Por la tarde, la puerta principal del edificio, vigilada por
un guarda, fue tapiada para evitar que se usurpe de nuevo
antes de que el dueño decida qué hacer con él.
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Caballas, contra los desahucios y los desalojos de Defensa
El partido Caballas mostró ayer,
mediante una nota, su “más absoluto rechazo a los desahucios
que lleva a cabo el Ministerio de Defensa”, pues “no se
puede entender que la administración pública actúe con tal
falta de sensibilidad en unos momentos de crisis en los que
tantas personas lo pasan realmente mal”. Caballas “exige” al
Ministerio que paralice “todos los desahucios mientras no se
pueda encontrar una solución para las familias afectadas” y
expresa su “solidaridad con las familias expulsadas” e insta
a la Ciudad a ofrecerles “amparo”.
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