Hace unos años, cuando Francisco Fraiz Armada cometía
tropelías y alguien le “afeaba” (término que tanto se
utiliza ahora) su comportamiento, solía decir con no poca
soberbia: “En el Juzgado nos veremos”. Su altanería motivó
no pocas sentencias condenatorias que hubo que pagar con
dinero del erario público. Unas alegrías que, como dice el
refrán, dieron lugar a que “aquéllos polvos trajeron estos
lodos”.
Pues ahora, como si la situación cíclica revertiera, el
Partido Popular -eso sí, con informes de dudosa legalidad-,
acometen “recortes” salariales a diestro y siniestro en
razón a una situación financiera que, en el caso que nos
ocupa, supone nada más y nada menos que de un Presupuesto de
la Ciudad de 240 millones de euros, recortar” en todas las
sociedades municipales 1,5 millones. Una forma de pagar el
pato los de menor poder adquisitivo, cuando quien negocia
las “rebajas” o emite informes para ellos, el director
general de Presupuestos y Finanzas, cobra casi 7.000 €. Un
asunto de ninguna ética, porque quien “justifica” lo
injustificable, en estos momentos de penurias, percibe un
saueldo que Maria Antonia Iglesias calificaría de “obsceno”
en época de crisis. Tan obsceno como el que perciben el
Interventor, el gerente de Servicios Tributarios, la
secretaria general del Ayuntamiento y alguno más, que
superan los 6.000 €.
Y en esta situación de ajustes, lo que no se ha producido,
(¿porqué será?) es sacar las plazas de secretaria General,
Interventor y Oficial Mayor a concurso para que los
funcionarios de carrera a nivel nacional opten a las mismas,
en vez de tener en situación de interinidad permanente y,
porqué no decirlo, bajo “sospecha” a quienes están “de
prestado” emitiendo informes que, como en el caso que nos
ocupa, para Aróstegui, son ilegales.
La política de hechos consumados es mala consejera en
algunos casos. La RTVCE que hace unos dos meses publicó en
el Boletin Oficial de la Ciudad su Convenio Colectivo, ahora
sufre el tajo salarial, cercenando sueldos en aras de la
crisis. Y todo en función de unos hechos, que se anuncian
que van a pasar (modificación de los Presupuestos pñor menos
ingresos) que a fecha de hoy no se han producido.
“La voluntad política tiene unos límites que son las leyes”,
dice Aróstegui. Y las sociedades municipales, si bien son
órganos de carácter político (de hecho la proporcionalidad
de los partidos se mantiene con el número de
representantes), lo cierto es que se rigen y están bajo el
imperio de la ley.
Quien hace de su capa un sayo, también ha de asumir que,
cuando vienen mal dadas no han de ampararse en los informes
técnicos, ya que éstos, los técnicos, pueden quedar
desamparados ante la ley y pagar el pato de su
condescendencia.
Ahora corresponde a los sindicatos mover ficha. El
“recorte”, como decíamos “consumatum est”. Y el más puro
estilo Fraiz, ha guiado este proceso impuesto a la trágala.
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