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El Consejo de Administración de Radiotelevisión Ceuta,
celebrado ayer, aprobó con los cinco votos de la
representación del Partido Popular el recorte salarial
fijado por tramos, como ya se había publicado.
Un 3% de “recorte” para quienes su nómina bruta anual oscile
entre los 15.001 hasta los 20.000 €, de 3,5% para quienes
cobren entre 20.001 y 30.000 €, del 4% a los que perciban
emolumentos anuales brutos entre 30.001 y 40.000 €, un 4,5%
para los que estén en el tramo entre 40.001 y 50.000 €, un
5% para la franja de 50.001 a 60.000 € y un 6% para los que
superen los 60.001 €.
El Consejo de Administración contó, en esta ocasión, con la
presencia (recogida en el Convenio Colectivo) de la
representación de los trabajadores con voz pero sin voto,
quienes expusieron el sentimiento de sus compañeros con esta
medida, argumentando que ya ha habido “rebajas” sensibles en
varios conceptos en los que la empresa se ha beneficiado: la
convenio con la A.D. Ceuta que se incluía en los
presupuestos de RTVCE, la disminución de personal en la
radio pública que, de 3 trabajadores ha pasado a uno, el
ahorro económico de la partida de personal en excendencia
como la del viceconsejero de Festejos, Salvador Jaramillo o
la amortización de la plaza de asesor ... a la vez que se
expuso el ocultismo de la empresa en facilitarles a los
representantes sindicales de los trabajadores, el número de
teléfonos móviles y las cuantías económicas que existen con
cargo a la empresa.
Juan Luis Aróstegui expuso al Interventor, en este caso,
Juan José Muñoz, que se hacen apreciaciones estimativas en
su informe para justificar la rebaja de sueldos. Y consideró
que no tenía ningún valor dicho informe porque tampoco
justifica ninguna merma en los ingresos de RTVCE, por lo que
tampoco está justificada la merma de salarios.
Para el representante de la oposición no se dan los
supuestos en los que se pretende amparar la medida (el
artículos 41 del Estatuto de los Trabajadores) por tres
razones: el Presupuesto de la Ciudad Autónoma no ha sido
modificado desde su aprobación, las transferencias de dinero
que regularmente se hacen a RTVCE tampoco han sido
modificadas y en tercer lugar, el propio Presupuesto de la
televisión pública, igualmente está inamovible.
Todas estas consideraciones hacen que Aróstegui calificara
de ilegal la medida que se proponía, ya que la pérdida
económica no está recogida en los balances aprobados de la
sociedad pública y advirtió que este tipo de sociedades, por
sus características, conllevan que cualquier decisión ilegal
incurre en responsablidad penal, lo que quiere decir que
podría suponer para quienes cometan este tipo de
ilegalidades, condenas de inhabilitación para cargo público
que, en el caso de un funcionario de carrera, le reportaría
el mayor perjuicio, ya que un político no se ve tan
perjudicado.
Esta advertencia iba dirigida al Interventor, en quien se
apoyan los políticos para respaldar sus decisiones y adopar
acuerdos políticos que, como considera Aróstegui, no siempre
son legales.
Yolanda Bel se remitió para emitir los votos al informe del
Interventor y Aróstegui, a que a fecha 30 de mayo, no hay
constancia objetiva de ninguno de los supuestos que recoge
el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores para
“recortar” los sueldos de los trabajadores de RTVCE que
además, en palabras del político, sería la última y extrema
medida a adoptar, una vez agotados otros “recortes”,
situación que no se ha dado hasta ahora en la televisión
pública, donde los contratos externalizados no han sufrido
merma alguna, donde se va a comprar material por 120.000
euros, donde también se va a dotar de tecnología a la Unidad
Móvil, y donde hubo, en los Presupuestos aprobados del
pasado año, un superavit de 5.000 €.
Se pasó a votación y Yolanda Bel, Adela Nieto, Susana Román,
Adelaida Alvarez y Eva Perea, votaron a favor de considerar
justificada la medida. Los tres miembros de la oposición, lo
hicieron en contra.
Es presumible que en la nómina del próximo mes de junio, los
trabajadores de RTVCE, ya sufran el “recorte” salarial que
los sindicatos han advertido que llevarán a los tribunales.
UGT y CC.OO mediante la presentación de conflicto colectivo
y CSI.F, directamente al Juzgado por considerar ilegal la
medida.
Se da la circunstancia que, en este Consejo de
Administración donde se votó la rebaja de sueldo de los
trabajadores de RTVCE, tanto el secretario del Consejo como
el Interventor, perciben cada uno 320 € por asistencia. Un
capítulo al que no parecen haber llegado los recortes.
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