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La Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión
Social en Ceuta junto a CCOO, UGT y la Federación Provincial
de Asociaciones de Vecinos presentaron ayer la Iniciativa
Legislativa Popular para la dación en pago. La ILP promueve
un triple objetivo: la posibilidad entregar la vivienda a la
entidad financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio
de quedar libre de toda deuda; la paralización de los
deshaucios “siempre que se trate de la vivienda habitual y
el impago del préstamo hipotecario sea debido a motivos
ajenos a la propia voluntad” y una fórmula de alquiler
social que faculte al ejecutado para “seguir residiendo en
la vivienda”.
pagando un alquiler no superior al 30% de sus ingresos
mensuales por un período de 5 años”.
La sala de prensa de UGT en el edificio de los sindicatos
acogió ayer la rueda de prensa en la que se informó de la
campaña de recogida de firmas para promover una Iniciativa
Legislativa Popular sobre la regulación de la dación en
pago, la paralización de los desahucios y el alquiler
social. Esta rueda de prensa fue ofrecida por los
representantes de EAPN-España (Red Europea de Lucha contra
la Pobreza y la Exclusión Social) y de las centrales
sindicales CCOO y UGT, así como también por el presidente de
la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos, José
Ramos.
El pasado día 23 de abril empezaba oficialmente la recogida
de las más de 500.000 firmas que son necesarias para que la
Iniciativa Legislativa Popular (ILP) hipotecaria sea
admitida en el Congreso de los Diputados y a través de la
cual se pide un cambio en la legislación hipotecaria con el
fin de regular la dación en pago retroactiva, paralizar los
desahucios y promover el alquiler social.
El objetivo principal es que ante una ejecución hipotecaria
las personas puedan liquidar su deuda con la entrega de la
vivienda y volver a empezar de nuevo, proponiendo
exactamente que la dación en pago se con efectos
retroactivos y al entregar la vivienda a la entidad
financiera con la que se tiene la hipoteca a cambio se quede
libre de toda deuda. Como segundo punto se encuentra la
paralización de los desahucios siempre que se trate de la
vivienda habitual y el impago del préstamo hipotecario sea
debido a motivos ajenos a la propia voluntad, y como tercer
punto se encuentra el alquiler social con el que se pretende
que el ejecutado tenga derecho a seguir residiendo en la
vivienda pagando un alquiler no superior al 30% de sus
ingresos mensuales por un periodo de 5 años.
Desde EAPN-Ceuta se ha insistido que es necesario articular
una solución que libere a las familias hipotecadas de los
efectos “perversos de la concesión excesiva de crédito por
parte de las entidades financieras, de la sobrevaloración de
las viviendas, así como de las condiciones abusivas en la
concesión de créditos hipotecarios”.
Durante la rueda de prensa se matizó que “la solución que se
propone en el presente Iniciativa Legislativa Popular es
hacer de la dación en pago la fórmula preferente para la
resolución de este conflicto, y se trata tan sólo del uln
paso en la lucha para frenar la cultura especulativa que ha
conducido a la situación actual”.
Aunque la cifra mínima de firmas son 500.000, los sindicatos
y la EAPN se han propuesto alcanzar la cifra de cinco
millones de firmas que apoyen la iniciativa.
A este respecto, el presidente de la Federación Provincial
de Asociaciones de Vecinos, José Ramos, mostró su apoyo a
esta campaña que se mantendrá abierta hasta el próximo día
31 de octubre.
Ramos ha llamado a los ceutíes a movilizarse contra los
“penosos deshaucios” que dejan en la calle y endeudadas a
familias que ya no pueden hacer frente al pago de sus
hipotecas.
Aunque no existen datos oficiales del número de desahucios
practicados en Ceuta (los juzgados de todo el país
tramitaron en 2011 casi 60.000 expedientes), el último del
que tuvo conocimiento la Federación se produjo en Alfau.
En Ceuta, los promotores de la iniciativa recogen firmas
tanto en el edificio sindical como en la sede de EAPN (calle
Mendoza, 1) como en las dependencias de la FPAV en Doctor
Marañón y el resto de locales sociales de las entidades
vecinales repartidos por las barriadas.
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