Todos sabemos que el verbo
“prevaricar” consiste en adoptar una decisión notoriamente
injusta a sabiendas de su injusticia. ¿Y cual hubiera sido
la vía adecuada a adoptar por los españoles residentes en
Marruecos que, cotizando religiosamente a la Seguridad
Social son privados de su legítimo derecho a la asistencia
sanitaria desde el año 2007 de la oscura era socialista?
Desde luego no precisamente “escribir cartas” a diferentes
Autoridades sino constituirse en Asociación y denunciar
directamente al Ministro de Sanidad por presunta
prevaricación ante la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal
Supremo. ¿Y por qué ante el Supremo y no en cualquier
Juzgado de Guardia como al resto de los españoles? Pues
porque, cómo el Principio de Igualdad que aparece en el art.14
de la Constitución es pura fabulación bienpensante y
bienqueda, los “aforados” son “demasiado importantes” y con
ellos hay que gastarse modales exquisitos. Es por ello y ya
que estamos en la supuesta vorágine del “cambio” por lo que
el Gobierno de Mariano Rajoy debería adoptar la caritativa
postura de no faltar al respeto a los españoles con
engañifas y ordenar cómo primera reforma del texto
constitucional la inmediata supresión del Principio de
Igualdad y así el personal, sabiendo que “no” existe no se
hará mala sangre cada vez que se invoca. ¿Y cómo se
plantearía el hecho de que en una Nación cuyos Gobernantes
han tenido siempre las bocas llenas del grimoso buenismo de
“sanidad universal y gratuita” haya negado sus derechos
inalienables a los españoles residentes en Marruecos? No hay
mucho que adivinar.
Y además si cotizaban, es decir que la Seguridad Social
cobraba y en Ceuta y en Melilla, es decir, en España, se les
negaban sus derechos ¿Podría hablarse de presunta
apropiación indebida y de presunta estafa con abuso de
confianza? Porque las víctimas han soltado los dineros y el
Gobierno se los ha quedado, pero se les ha negado el
servicio, perjudicándoles gravemente y en base a la
confianza depositada en su Gobierno por los españoles
emigrantes, que son los españoles que están más solos.
¿Trato vejatorio, inhumano y humillante expresamente
prohibido en la Constitución?
Ese es el que se les ha dispensado. Pero los españoles
residentes en Marruecos no tendrían que tirar exclusivamente
contra los ex-ministros de sanidad (de hecho me ofrezco
voluntaria y gratuitamente para asesorarles en la embestida)
sino de ahí para abajo y que salpique a quienes lo hayan
consentido. Y no me refiero a Vivas y a Imbroda, aunque bien
que podrían haber cogido el toro por los cuernos y tirar por
la vía de la denuncia penal y siempre con la vista puesta en
la denuncia contra el Gobierno del PSOE ante el Tribunal de
los Derechos Humanos de Estrasburgo, que son la vía y el
destino natural que suele esperar a los pésimos gobernantes.
Las víctimas de “la España que hiela el corazón” han
“retomado la petición de lo que por derecho les corresponde
y que hace que su atención sea prioritaria en relación con
cualquier otro y no digamos en relación con quienes no
cotizan ni han cotizado en la puta vida. Pero lo hacen mal.
Tienen que denunciar por lo penal y exigir indemnizaciones
como resarcimiento del daño sufrido.
Los derechos que corresponden a los españoles no hay que
“suplicarlos” sino que nos los tienen que dar “sí o sí” y
aunque se enmiende la situación padecida no deberían
renunciar a emprender acciones legales contra los culpables,
porque es mucho mejor confiar en jueces y en fiscales que en
Gobernantes, para eso están : para hacer justicia.
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