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Nebulosa cuestión la de llegar a
saber el número de procedimientos incoados por delitos
urbanísticos, es decir, construcciones ilegales y sobre
cuantos de ellos ha recaído una sentencia firme y se
encuentra la ejecutoria en marcha. Se baraja la cifra algo
indeterminada de “muchos” pero las memorias anuales existen
y en ellas se reflejan todos los procedimientos que en el
año han sido y el estado actual de los mismos. Ahí
aparecerán el número exacto de sentencias a ejecutar y se
podrá ofrecer un listado de las mismas, por lo que estará
informado de las viviendas ilegales que van a ser demolidas
en virtud de una sentencia. Pero el silencio es absoluto y
no se trata de recuperar la legalidad urbanística incoando
expedientes y sus respectivas Diligencias Previas en los
Juzgados de Instrucción, porque eso significa comenzar la
casa por el tejado si no se lleva a cabo de forma paralela a
las ejecuciones de los procedimientos que ya se encuentren
finalizados y sin posibilidad de recurso.
En este caso, la diligencia debida no consiste
exclusivamente en comenzar a inspeccionar y abrir
expedientes, sino en finiquitar todos los asuntos pendientes
y no dilatarlos. A no ser que no se sepa “con exactitud” el
número de Previas incoadas por delitos urbanísticos, ni tan
siquiera si hay “algo incoado” y lo que el trasfondo del
tema evidencia es que en esta ciudad hace falta con carácter
perentorio y más que urgente una Fiscalía de Medio Ambiente,
como las hay en todos los partidos judiciales civilizados y
que sea el fiscal de Medio Ambiente el que cumpla con sus
funciones y persiga las infracciones urbanísticas. Y no será
por falta de buenos fiscales en Ceuta, rectifico, prefiero a
las fiscalas pero cómo la feminización del cargo me parece
un término tipo “Jóvenes-jóvenas” tan típicamente PSOE
igualitario, diré que en Ceuta son mucho mejores “las”
fiscales que “los” fiscales y cualquiera de ellas está más
que capacitada para realizar ese cometido y trabajar para
recuperar la legalidad urbanística y demostrar que las leyes
están para cumplirlas, sin tácitas “patentes de corso” ni
“silencios cómplices” en virtud del “quien es quien” y del
típico axioma político que a veces parece adquirir rango
constitucional, ya saben el “déjalo, no vayan a decir que
somos...”.¿Que somos qué? O peor aún “No vayan a acusarnos
de ser...” ¿De ser qué? ¿Respetuosos con las leyes y con el
Principio de Igualdad que aparece reflejado en el artículo
14 del Texto Constitucional? No somos “territorio comanche”
y es una lástima el ser europeos, porque lo del “territorio
comanche” da mucho juego y prevalece la pillería versus la
normativa y la anarquía versus las leyes urbanísticas y los
políticos medrosos versus los fiscales de Medio Ambiente.
Pero el caso y el numen del problema es la auténtica
curiosidad que existe ante el número existentes de
sentencias listas para ser ejecutadas. Y es un tipo de
información a la que la ciudadanía tiene derecho porque, el
ciudadano de a pie, cuando ve crecer y multiplicarse la
ilegalidad sin ningún tipo de freno, siente la amargura de
saberse de alguna manera discriminado y tiene la sensación
real de que existen quienes no respetan las leyes sin por
ello sufrir ningún tipo de consecuencia. Y esto hace
desconfiar de quienes están obligados a hacer cumplir la
legalidad y de el sistema en general. Políticos que no
ordenan inspecciones, expedientes que no llegan a los
Juzgados, Diligencias Previas que no se incoan,
procedimientos que no avanzan ni finalizan y por lo tanto
sentencias firmes que no se cumplen y ejecutorias que no se
llevan a cabo. ¿Y me preguntan si hace falta una Fiscalía de
Medio Ambiente? Más que el comer y más que el aire que
respiramos, porque el tema de los delitos urbanísticos se
encuentra bloqueado y ya puede decir lo contrario el
mismísimo lucero del alba, porque existe alguna escaramuza
de cara a la galería, pero no actuaciones concretas .
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OPINIÓN / ANALISIS
