“Improvisado, desordenado, costoso e ineficaz”. Con estas
palabras ha definido el secretario de Política Social del
Partido Socialista, Pablo Núñez, el programa de vivienda
alternativa de la Ciudad Autónoma. “Aunque no son datos
oficiales, alrededor de las 1.500 personas, unas 360
familias, viven de alquileres pagados por la Ciudad”,
informó Núñez en la rueda de prensa que ofreció en la sede
de su partido. El socialista recordó que la Consejería de
Asuntos Sociales “ha gastado el 75% de los presupuestos” de
los que disponía para alojamiento alternativo durante todo
el año, lo que obligará a la Ciudad “a modificar los
créditos”. Asimismo el socialista lamentó que hubiera
personas cuya estancia en las pensiones se hubiera
prolongado por períodos de hasta tres años.
“Son los empresarios los que tienen que hacer el desalojo,
hay menos posibilidades de dar solución, no se consolidan
los recursos”, ha apuntado Núñez como algunos de los
problemas del programa, del que ha lamentado también que el
albergue con 400 plazas presupuestado con este fin “se haya
destinado a los MENA (Menores Extranjeros no acompañados)”.
Por todos estos motivos, el PSOE llevará a Pleno la petición
a la Ciudad de que elabore un informe anual en el que de
cuenta de todos los casos que ha tratado, así como de las
soluciones que ha aplicado. Del mismo modo, harán una moción
para solicitar un reglamento sobre este tipo de
alojamientos.
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