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ACTUALIDAD - DOMINGO, 13 DE MAYO DE 2012


construcción ilegal. f. raso.

obras
 

El solar ofrecido al CNP, objetivo
de las construcciones ilegales

Es una de las zonas de Príncipe Alfonso en
la que más han proliferado edificaciones
fuera de ordenamiento; en julio de 2010,
las excavadoras entraron por orden de la
Ciudad a derribar estas obras, situadas en zona verde y de equipamiento deportivo
 

CEUTA
Paula Zumeta

ceuta
@elpueblodeceuta.com

La parcela que la Ciudad ha ofrecido al Ministerio del Interior para la construcción de la Jefatura Superior de Policía Nacional es uno de los puntos en los que han proliferado las construcciones ilegales. Sin embargo, barriadas como el Recinto Sur, la Almadraba o Pasaje Recreo, se ven afectadas también por estas prácticas de ocupación de terrenos públicos.

La parcela que la Ciudad ha ofrecido al Ministerio del Interior para la posible construcción de la Jefatura Superior de Policía Nacional es uno de los puntos en los que han proliferado las construcciones ilegales. En estos últimos dos años, EL PUEBLO ha informado de varios asentamientos. La primera ocasión fue el 20 de julio del año 2010, cuando este diario denunciaba la ocupación del mismo lugar, una parcela de 15.000 metros cuadrados clasificada como zona verde. Una parte del solar pertenece a la Ciudad y la otra, a Defensa.

Hace menos de dos años estaba siendo “parcelada” e incluso se cercaron varias partes para construir viviendas. En aquellos momentos, la Administración local anunció que disponía de un nuevo procedimiento para detener las obras ilegales. Tal y como informaba este diario en julio de 2010, el artículo 139 del Código Penal, el primero del Título XVI, establece penas de cárcel por delitos de “construcción no autorizada” en terrenos públicos. Además, las entidades locales disponen para la persecución de estas infracciones, de Ordenanzas Reguladoras de la Discicplina Urbanística como la que la Ciudad reformó en 2010 previa autorización de la Asamblea y con el fin de “agilizar” el procecimiento, se explicaba entonces. La normativa entró en vigor el 16 de julio al publicarse en el Boletín Oficial de la Ciudad. En aquel momento, la respuesta tomada por el Ejecutivo local fue “rápida”, según subrayaba el presidente Juan Jesús Vivas, en la edición de este medio del 29 de julio de 2010. Las excavadoras entraron a derribar estas construcciones que disponían de unas vistas privilegiadas al mar en una zona que, según el Plan Especial del Príncipe, está clasificada como zona verde y de equipamiento deportivo.

La parcela se ‘limpió’ y también se derribó poco después una vieja vivienda de una planta y un almacén anexo lleno de basura en Los Rosales. En el caso de zonas clasificadas como verdes, algo que ocurre en los aledaños del centro de menores San Ildefonso, la ocupación de estos terrenos está tipificada no como una simple falta o infracción, sino como un delito.

En mayo de 2012, la situación ha cambiado. Desde el Gabinete de Comunicación se negó que en los terrenos hubiera ocupación ilegal a pesar de que en las imágenes de la visita del ministro se observara lo contrario.

Si Interior decidiera construir la Jefatura en esta parcela, habría que derribar las viviendas que se encuentran fuera de ordenamiento, como ocurre en algunas que se encuentran dentro de la vaguada. Estas construcciones han causado que haya tan sólo un acceso en el que a duras penas puede caber una persona. No sólo este lugar del Príncipe se ha convertido en una zona habitual de este tipo de actividades.

Este diario denunció el pasado 3 de mayo que los infractores parecen no haber tomado nota de loas anuncios tanto de la Ciudad como de la Delegación del Gobierno respecto a la “intensificación” del control de la disciplina urbanística. A pesar de estos anuncios, cada vez son más las zonas innaccesibles para las fuerzas de seguridad y los servicios de emergencia, tal y como ya han manifestado los propios residentes en varias ocasiones, quienes sí cumplen la ley.

Barriadas como el Recinto Sur sufren una situación similar y el presidente de la asociación de vecinos, José María Romero, explicaba ya a principios de mes que los residente viven rodeados de viviendas ilegales. También consideraba que se hacía la “vista gorda” por parte de las dos administraciones y solicitó que, si se toman medidas en cuanto a la regularización de obras en el Príncipe, tendría que ocurrir en el resto de barrios. También Pasaje Recreo o la Almadraba se ven afectados por unas prácticas que incomodan al resto de ciudadanos.
 

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