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Las facturas que han quedado al margen del plan de pago a
proveedores han suscitado la polémica tanto entre los grupos
políticos como entre los empresarios que no han sido
incluidos. Esta criba, que el Gobierno defiende como
ajustada al Real Decreto que regula el plan, ha suscitado
las críticas de Caballas que acusa a la Ciudad de beneficiar
a “empresas amigas” y perjudicar a las pymes y autónomos
ceutíes. Ayer, su número tres, Juan Luis Aróstegui defendió
esta tesis alegando que dentro de los beneficiarios se
encuentran compañías como Bankia, Dragados, Corsan,
Telefónica, Urbaser y Fomento, cuyas facturas suman 55
millones. Mientras, en la “lista B” de rechazados, según
anunciaba Caballas, están empresas locales como Viajes
Trujillo, Almacenes San Pablo, Baeza, Valero, Joyería
Blanco, Cadena Ser o Gabitec.
Guillermo Martínez Arcas, que reprendió a Aróstegui por
pedirle rigurosidad y recriminarle dejar al margen facturas
que no cumplen los requisitos, explicó que en total se han
desestimado 1.643 reclamaciones de pago. De estas, el 16% se
corresponden con facturas repetidas o que ya han sido
pagadas; el 18% se abonarán en el circuito habitual de pago
corriente; el 19% han prescrito o no son exigibles ya que se
corresponden a servicios prestados en los años noventa que
según el consejero “no hay forma de acreditar que se
realizaron; otro 19% no se presentaron antes del 31 de
diciembre de 2011; y el 28% no cuentan con la conformidad o
la firma de algún funcionario de la Ciudad Autónoma.
Sin embargo, la explicación no convenció a Aróstegui que
criticó a la Ciudad por no incluir estas facturas e hizo
hincapié en que lejos de ayudar a los empresarios ceutíes
estos son los que “salen perjudicados”. Martínez, a la
contra, defendió que la mayoría de los empresarios referidos
por Caballas como excluidos del plan de pago a proveedores
están incluidos “en el 19% de facturas que se pagarán de
forma corriente”.
Sobre las empresas nacionales, el consejero recordó que las
facturas están asociadas a obras o servicios sacados a
concurso público y por tanto “deben ser pagadas”. Como
ejemplo puso a Urbaser, que cuenta con 500 trabajadores que
dejarían de percibir sus salarios en el caso de que la
Ciudad no zanjara la deuda con la empresa. “Pagamos lo que
debemos, sea quien sea el que presente la factura”, zanjó
Martínez que para cerrar su intervención le tendió la mano a
los grupos de la oposición para sentarse a buscar
“mecanismos alternativos” con los que mejorar la gestión
económica.
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ASAMBLEA /
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