Los dos juzgados de lo Penal de Ceuta soportan una enorme
carga de trabajo que supera con creces la media nacional.
Esta falta de medios se suple con esfuerzo y dedicación por
parte de los responsables y prueba de ello es la gran
actividad que han de desarrollar en lo referente a las
ejecutorias penales, esto es, los documentos públicos y
solemnes en los que se consignan las sentencias firmes. La
secretaria de Gobierno de los Juzgados y Tribunales de
Ceuta, Josefa Villar, se muestra muy sensible a la situación
y advierte que “hay que darle solución” al asunto. En los
cuatro primeros meses del año ya se han efectuado 500
ejecutorias.
“Me produce escozor”. Así de tajante se mostraba la
secretaria de Gobierno de los Juzgados y Tribunales de
Ceuta, Josefa Villar, al ser interpelada en cuanto a la
carga de trabajo que soportan únicamente en la emisión de
ejecutorias penales los dos juzgados de lo Penal de Ceuta.
En efecto, la jueza de lo Penal 1 y el juez de lo Penal 2,
con sus respectivas plantillas de funcionarios adscritos,
emiten del orden de 1.600 ejecutorias penales al año, actos
jurídicos para los que cuentan con una exigua plantilla
funcionarial: tres por cada juzgado. En los cuatro primeros
meses del año van ya 500 ejecutorias realizadas. Una
ejecutoria penal no es ni más ni menos que el documento
público y solemne en el que se consigna una sentencia firme.
Hay que tener en cuenta que estos dos juzgados, que se
turnan semanalmente para ocupar la sala de vista del
edificio Ceuta Center, celebran del orden de 40 juicios de
lunes a jueves, por turnos.
“La carga de trabajo que soportan es superior a la media
nacional”, conformó Josefa Villar. A diferencia del resto de
juzgados de Ceuta, que andan por la baja de los módulos
establecidos por el Consejo General del Poder Judicial.
Salvo los juzgados de lo Penal.
Es consecuencia, admite, de que la plantilla de funcionarios
es distinta y de que se han producido, al tiempo, vaivenes
en el Código Penal y, como consecuencia, una especie de
trasiego de competencias en determinadas jurisdicciones
entre la Sección VI de la Audiencia Provincial de Cádiz y
los juzgados de lo Penal. Finalmente, fueron estos últimos
los que se ocupan de determinados casos que han aumentado el
volumen y carga de trabajo.
“Los dos juzgados de lo Penal son órganos resentidos”,
advirtió Villar en torno a la “sobrecarga de trabajo” que
sufren. “Superan los módulos establecidos por el Consejo
General del Poder Judicial”, advirtió la secretaria de
Gobierno.
Sus esfuerzos para aumentar refuerzos en cada uno de los
órganos judiciales que soportan el peso de lo Penal en Ceuta
se han plasmado en la realidad, pero ella cree que son
“insuficientes”.
Para incrementar la plantilla se está a la espera, según
indicó, de un informe que ha de elaborar la Abogacía del
Estado.
“No obstante, estamos en ello”, advirtió Josefa Villar,
quien reconoció que el asunto le “preocupa. Sé que la
situacióin está ahí y tengo que decir que me produce
escozor”. Villar fue mucho más allá, al decir que le parece
“increíble que haya órganos en los que la carga de trabajo
sea ínfima y sobre más de la mitad de la plantilla. No diré
cuáles son, pero eso es una realidad”.
Desde su punto de vista, lamentablemente, no se puede
“quitar y poner funcionarios para paliar este tipo de
disfunciones. Se intenta mediante comisiones de servicio,
pero, claro, es con carácter voluntario”. Advierte la
secretaria de Gobierno que su preocupación por la situación
de sobrecarga de trabajo está en conocimiento de los dos
jueces titulares de lo Penal y de los dos secretarios
judiciales.
Josefa Villar añade que ha comunicado a las instancias
ministeriales la situación, pero que la decisión para
resolver la sobrecarga de trabajo no depende de su persona.
No obstante, fue tajante: “A esto hay que darle una
solución”. No fue muy explícita en cuanto a sus
conversaciones con los titulares de ambos juzgados de lo
Penal, pero sí dio a entender que se hallan en permanente
contacto, que entiende la situación y que ellos saben, al
igual que los funcionarios, de su “preocupación”. Máxime
cuando, desde su perspectiva, la cuestión de las ejecutorias
penales es un asunto “muy delicado”, concluyó la secretaria
de Gobierno de Justicia en Ceuta.
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