|
Las leyes están para cumplirlas,
sin excepciones. Y habida cuenta que, desde el año 2006 en
la Audiencia de Cádiz, de la que forma parte nuestra Sala VI,
se dictó la primera sentencia para demoler una vivienda
construida ilegalmente, primera sentencia a la que siguieron
otras cinco ese mismo año y que el criterio de la Fiscalía
de Medio Ambiente de Cádiz, de la que dependemos, es la que
cursa las denuncias por delitos contra la ordenación del
territorio o delitos urbanísticos y ante dicho órgano
denuncian los Ayuntamientos cabe preguntarse de nuevo
cuántas denuncias ha presentado la Ciudad Autónoma de Ceuta
por la construcción ilegal de viviendas, considerando así
mismo el criterio de la Fiscalía el que los procesos de
legalización de viviendas ilegales provocan un indeseable
efecto llamada.
La reforma del Código Penal en lo relativo a estos delitos
ha endurecido las penas de forma considerable y no se trata
en absoluto de incoar un “expediente administrativo” por
parte del Consistorio, sino de la obligación ineludible de
formular denuncia ante estos supuestos ya que la ley castiga
a las Autoridades que teniendo conocimiento de que se están
infringiendo las leyes no lo denuncian.
Delicada cuestión que en Ceuta parece resolverse en cien
dilaciones, mil tirar balones fuera y mucho anuncio de
“reuniones” como si en lugar de presentar una vulgar
denuncia por delito urbanístico ante el Fiscal de Medio
Ambiente fueran a presentar un recurso de
inconstitucionalidad de alguna ley ante la Sala del Tribunal
Constitucional. ¿Pueden figurarse la cantidad de dengues y
de vueltas y revueltas para presentar una denuncia que es
capaz de redactar un alumno de 1º de Derecho? Muy
despabilados parece que no están, para qué nos vamos a
engañar.
Y mientras en Ceuta se conculca la legalidad, la Fiscalía de
Medio Ambiente de Málaga defienden y les avalan sentencias,
que la única manera de eludir la prisión para los condenados
por delito contra la ordenación del territorio sea el
derribo de las casas ilegales para que el bien jurídico
protegido, que es el suelo, pueda volver a su situación en
un periodo de tiempo más corto. Una sentencia del Penal 9 de
un año de prisión y 2.160 euros de multa por construir en
2006 una vivienda ilegal, donde también se condena a la
demolición de la vivienda, pone como condición para
suspender la pena de cárcel, ya que “la suspensión es un
beneficio y no un derecho”, el que demuela la casa como
“reparación del daño causado”.
Se ve que los Fiscales de Medio Ambiente aunan criterios y
los ecologistas de toda España aprueban las demoliciones.
Los pasos a seguir son: apertura del expediente por el
Ayuntamiento, denuncia ante la Fiscalía, incoación de
Diligencias, petición de prisión multa y demolición por
parte del Fiscal, sentencia por delito contra la ordenación
del territorio y vinculación de la suspensión de la condena
y el ingreso en prisión con el derribo efectivo de la
vivienda. ¿Será que el Gobierno y las Consejerías de Ceuta
se encuentran muy saturadas de trabajo? No es problema,
habrá que preparar un dossier de construcciones ilegales
para enviar a la Fiscalía de Medio Ambiente y así colaborar
con la Ciudad Autónoma a la hora de acabar con la ilegalidad
y que Ceuta no sea “territorio comanche” sino una ciudad
española donde se respeta el Principio de Legalidad y donde
todos somos iguales ante la ley, sin “patentes de corso”,
dejaciones ni complejos. ¡A la Fiscalía!
|
OPINIÓN / ANALISIS
