La ilegalidad más flagrante, esa
que, a fuerza de serlo se convierte en costumbre, se ha
adueñado de zonas de Ceuta sin que nadie lo remedie.
Cualquier ciudadano puede observar en barrios como El
Príncipe, aunque no sólo allí, a “trabajadores” que
construyen edificios sin ningún tipo de medida de seguridad
a plena luz del día. Cualquier ciudadano mínimamente
informado se da cuenta de que un terreno sobre el que de
pronto se comienza a construir un edificio de un particular
no es privado, sino público, como se sabe son todas las
parcelas de Loma Colmenar, por citar un ejemplo. Entonces,
¿dónde están las autoridades?, ¿dónde la policía?, ¿qué hace
la inspección de trabajo? ¿por qué no hay sentencias de
demolición en Ceuta como las ha habido en zonas tan
problemáticas o más, como la Costa del Sol? Son preguntas a
las que alguien debería dar respuesta, pero respuesta
objetiva, con datos que respalden la multitud de decisiones
políticas adoptadas a lo largo de los años para,
supuestamente, combatir esta lacra. No basta decir que este
es un problema de hace “treinta años” porque cada vez es,
entonces, más grave. El primer y hasta ahora único Comisario
Europeo, de Política regional, que ha visitado la ciudad,
Pawel Samecki, lo resumió con una sencilla pregunta al
contemplar la maraña de casas de El Príncipe, una barrera
infranqueable para el orden y la seguridad que han de reinar
en un estado europeo moderno: -”¿Por qué se permite este
tipo de construcción caótica?, tradujo la intérprete. Era el
10 de septiembre de 2009 y entonces se le dijo ya, en
concreto, el presidente Vivas, que parte de la culpa la
tenía el “flujo migratorio procedente de Marruecos”. Más de
dos años después, el mismo presidente se reúne con el nuevo
delegado del Gobierno y llegan al mismo diagnóstico pero sin
medicina: la construcción ilegal podría estar vinculada a
los empadronamientos irregulares. Por su parte, la oposición
dice que se trata de pobres que se construyen “infravivienda”,
¿chabolas de ladrillo de tres plantas con garaje y azotea?
Parece que los infractores son más “ágiles” edificando que
las autoridades aplicando y adaptando las leyes.
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