La Ley de Estabilidad Presupuestaria entró ayer en vigor
después de salir publicada en el Boletín Oficial del Estado.
La Ciudad se suma en calidad de autonomía y no de
ayuntamiento a esta norma cuyo objetivo es “garantizar la
solvencia” de las Administraciones, según recuerda Guillermo
Martínez Arcas.
Ya está hecho. La Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera entró ayer en vigor después de que
se publicara en el Boletín Oficial del Estado. Una normativa
a la que Ceuta se suma como autonomía y que obliga a todas
las administraciones públicas a tener déficit cero a partir
del año 2020.
La nueva ley introduce la deuda pública como criterio de
sostenibilidad presupuestaria y esta no podrá superar el 60%
del PIB. A la vez, obliga a todas las administraciones a
presentar equilibrio o superávit pero en ningún caso
déficit. No obstante deja margen a aquellas administraciones
que estén llevando a cabo reformas estructurales con efectos
presupuestarios a largo plazo o en situaciones
excepcionales, como catástrofes naturales, recesión
económica o situación de emergencia extraordinaria, que
podrán presentar un déficit estructural del 0,4%. Un
planteamiento con el que el Gobierno ceutí se muestra de
acuerdo y así lo manifestaba ayer a este diario el nuevo
consejero de Hacienda, Economía y Recursos Humanos,
Guillermo Martínez Arcas.
“El objetivo es garantizar la solvencia de las cuentas
públicas” manifestó el popular para asegurar que desde la
Administración local se acatarán todos los requisitos
impuestos en esta norma. Y es que, aquellos que no la sigan
al pie de la letra corren el riesgo de ser intervenidos. En
caso de incumplimiento, la administración deberá constituir
un depósito retribuido del 0,2% de su PIB nominal, que a los
seis meses podrá convertirse en multa en caso de que los
incumplimiento se reiteren y pasados nueve meses el
Ministerio de Hacienda podrá evaluar la situación económica
de la misma. No obstante, desde la Ciudad confían en que
esta sanción no se llegue a aplicar a la Administración
local, según lo expresó Martínez Arcas.
El consejero recuerda como Ceuta se ha implicado para lograr
la estabilidad presupuestaria y apunta al Plan de
Sostenibilidad que se aprobó en el pleno de la Asamblea. Un
iniciativa que se ha llevado a cabo por iniciativa de la
Ciudad y que, al contrario que las comunidades, no se ha
tenido que presentar a Madrid.
Por contra, el cumplimiento de los objetivos se tendrá en
cuenta para autorizar emisiones de deuda, conceder
subvenciones o suscribir diferentes convenios. Mientras que
las sanciones impuestas a España por la Unión Europea en
materia de estabilidad serán asumidas por la administración
responsable.
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Los presupuestos, sujetos a la aprobación previa del Estado
Una de los requisitos impuestos
por la nueva Ley de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad es que las Administraciones sometan las
líneas generales de sus presupuestos a la aprobación del
Estado para evitar situaciones de incumplimiento de déficit.
Una medida que según el Gobierno supone una de las grandes
reformas estructurales para reforzar la estructura
institucional de España. Mientras, desde Ceuta se ve con
buenos ojos este control por parte del Estado según explicó
Guillermo Martínez Arcas. El consejero alegó que parece
razonable que “desde el Ministerio de Haciendas de el visto
bueno a los presupuestos”. Una condición en la que la ciudad
parte con ventaja ya que parte de sus presupuestos se basan
en las partidas que se reciben desde los Presupuestos
Generales del Estado.
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