Controlar el mercado de segundas transmisiones de viviendas
protegida en nuestra ciudad y luchar contra la especulación,
luchar contra el fraude en el ámbito de la vivienda
protegida mediante el ejercicio -por parte de la
Administración-, del derecho de tanteo y retracto, son
mecanismos que el PSOE propone al Pleno de la Asamblea.
Los argumentos que desarrolla en su propuesta el Grupo
Socialista se basan en que uno de los principales problemas
de Ceuta, junto con el desempleo, es la dificultad de acceso
a la vivienda. De hecho, desde que se pusiera en marcha el
Registro de Demandantes de Viviendas, más de 2.000 personas
han solicitado su inscripción en el mismo.
En los últimos tiempos, ha sido la inversión estatal,
principalmente, la que ha hecho posible la construcción de
vivienda pública en Ceuta en sus diferentes modalidades.
“Sin embargo, el futuro no se presenta optimista -dice en su
moción el PSOE-, y difícilmente encontraremos nuevamente
este apoyo en los próximos años”.
Por este motivo, las viviendas que ya existen adquieren un
valor mayor de cara a paliar el déficit existente. “De
manera que garantizar el cumplimiento de la normativa en
vigor en relación al uso y disposición de la vivienda
pública en nuestra ciudad, debe convertirse -señala el
PSOE-, en un asunto de vital importancia al que dedicar
nuevos medios y esfuerzos”.
En noviembre de 2011, el Pleno de la Asmblea aprobó, por
unanimidad, la elaboración de un Plan de Lucha contra el
Fraude en la gestión de las viviendas protegidas, con
especial persecución del enriquecimiento ilícito mediante el
procedmiento del alquiler, utilizando para ello todos los
recursos informáticos posibles y la cooperación de los
organismos oficiales que dispongan de información al
respeto.
El Reglamento de Desarrollo de Plan de Vivienda 2009/2012 y
Ayudas Locales a la Adquisición, Alquiler y Rehablitación de
Vivienda y Edificios, permite a la Administración adquirir
preferentemente o recuperar la titularidad de una vivienda
protegida en caso de segundas o posteriores transmisiones
onerosas, poniéndola a disposición de los solicitantes de
vivienda que consten en el Registro de Demandantes de la
Ciudad. La Administración local puede ejercer este derecho
de manera directa o mediante su cesión a un tercero, según
los intereses de cada momento.
La puesta en marcha de esta iniciativa permitirá, dice el
PSOE, controlar el mercado de segundas transmisiones de
vivienda protegida en nuestra ciudad y luchar así contra la
especulación.
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