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Actualmente, el número de alumnos
por profesor, en nuestro país, es inferior a la media de
OCDE: 11 frente a los 13 por docente que registra la media
europea, según refleja el último informe de la OCDE, sobre
Panorama de la Educación en 2011.
Expertos en Educación, en nuestro país, defienden “Los
estudios internacionales demuestran que el número de alumnos
de un aula dentro de determinados límites, no es un factor
determinante, ni siquiera de los más importantes, para la
calidad educativa. La LOGSE hizo de este punto un dogma sin
ningún fundamento científico”. Y se añade: “el número de
alumnos por profesor es hoy en España es inferior al de
Alemania, Francia o Gran Bretaña. Y nuestros resultados
educativos son claramente inferiores”.
También está sobre la mesa un nuevo documento de las horas
lectivas, que hoy están en 25 como máximo. Y conviene
recordar que la O.M en 1994 estableció que los enseñantes de
Primaria tienen un máximo de 25 horas lectivas y los de
Secundaria entre 18 y 21, según las necesidades. Lo normal
era que se quedaran siempre en la franja baja y que no se
llegase al tope, hasta que la crisis obligó a introducir, el
pasado curso, las primeras reformas al respecto, a nivel
autonómico: “La idea es homologar tanto el horario lectivo
como el del profesor por alumnos a la U.E” explican las
fuentes consultadas.
Para las referidas fuentes “racionalizar los recursos en
educación es hoy una necesidad imperiosa. Y se puede hacer
sin merma de la calidad”. De hecho, “las comunidades
autónomas lo están demandando. Y es bueno que haya unos
criterios y unas reglas comunes, aplicables a toda España”.
Pero, lo verdaderamente cierto es que “para mejorar la
calidad de nuestras enseñanzas debemos actuar con
determinación en los factores que sí inciden verdaderamente
en los resultados: buenos enseñantes, un clima escolar
ordenado, unos objetivos claros y unas evaluaciones que
midan el progreso de los alumnos.
Para los padres, considerando que las horas lectivas en el
Centro Educativo forman parte del trabajo de los niños, de
igual manera que para ellos lo es su profesión. Por ello, a
mayor número de horas lectivas, se recuperarán más
contenidos, que son fundamentales para la mejora de la
preparación de los alumnos.
Pero, para algunas asociaciones se piensa que no por estar
más tiempo en el aula se conseguirán los objetivos
propuestos, ya que toda iniciativa debería ir acompañada por
una reforma global que mejore el contenido de la educación,
que renueve la metodología y el modo, en suma, de enseñanza,
y que se recupere la “cultura del esfuerzo” y que la reforma
será bienvenida siempre y cuando sea consensuada por todas
las partes de la sociedad.
Las circunstancias son contradictorias: por una parte, el
alumnado, escuelas y universidades, están creciendo por la
crisis: el abandono escolar ha vuelto a marcar, en 2011, su
nivel más bajo, 26,3%. Pero a la vez, las aulas está
sufriendo importantes recortes presupuestarios, precisamente
por esa crisis: más de 3.400 millones de rebaja en los
presupuestos de 2010, lo que ha supuesto, entre otras cosas,
la reducción de miles de profesores en las plantillas de
todo el país. Y, además, el Gobierno quiere ahora recortar
otros 3.000 millones adicionales.
El citado recorte ha producido un gran escándalo entre todos
los sectores educativos, lo que se supone que, en principio,
irá en detrimento de la calidad de la enseñanza.
Pero este hecho en sí –según el Sr. Ministro- proporcionará
a las Comunidades Autónomas instrumentos para que cada una,
en función de las necesidades que tengan de reducir el
déficit, puedan optimizar su gasto educativo. Estas medidas
suponen eficiencia, pero no recortan derechos ni merman la
calidad educativa.
Conviene tener en cuanta que las ratios vigentes en la
actualidad, son 25 alumnos en Infantil y Primaria, 30 en
Secundaria y 35 en Bachillerato y, además, están por debajo
o a nivel de la media de la OCDE. Y algunos países que
tienen ratios por encima de las españolas, tienen resultados
mucho mejores. Pero, por parte del Ministerio, que no se
está ampliando necesariamente las ratios, sino dando margen
a las Comunidades para que puedan flexibilizarlos hasta el
20%. En Primaria, actualmente, el 87% de las clases estaban
por debajo del tamaño permitido; son 24 o menos alumnos. En
Secundaria, en el sistema público, sólo el 2,7% de las
48.800 unidades tenía 30 alumnos, el tope permitido; el 97%
restante estaba por debajo del 30. Pero hay que dar algo de
flexibilidad: es muy caro que, por no poder formar un grupo
de 31, hay que formar uno de 15 y otro de 16.
En cuanto se refiere a la oferta de menos modalidades de
Bachillerato por centro, parece ser que no ha sido así. Lo
que se dice es que no es preciso que cualquier centro nuevo,
obligatoriamente tendrá que ofertar las dos de las tres
modalidades, porque eso es antieconómico. Si se está
abriendo un nuevo centro que tiene una oferta de
Bachillerato y a escasa distancia hay otro con todas las
modalidades, perfectamente en el nuevo centro puede haber
una sola modalidad de Bachillerato y una oferta de F.P.
Sin embargo, las Asociaciones de Padres de Alumnos ya han
anunciado movilizaciones, también por el aumento de horas
lectivas de los enseñantes; para tal posibilidad, el Sr.
Ministro confía en la buena voluntad de ellos y les pide un
sacrificio, ya que la legislación vigente apenas se ha
modificado.
También, por otro lado, los Sindicatos piensan que todo esto
va a suponer la desaparición de 100.000 puestos de trabajo.
Para el Ministerio es una exageración. Si de verdad el
impacto en términos de despidos fueron 100.000, el efecto
económico de esa única medida que sería superior a todo el
ahorro que el gasto público que se intenta conseguir; serían
más de 4.000 millones de euros, y no se está hablando de
cantidades disparatadas.
De cualquier manera, las circunstancias son las que son, y
no se variarán, aun teniendo en cuenta a los Sindicatos, lo
que se pretende es que las Comunidades gasten mejor, sin que
sufra la calidad ni la cobertura.
Pero todo hace pensar que detrás de todo este movimiento no
hay otra cosa que una escondida intención ideológica de
“cargarse la enseñanza pública y primar la privada y la
concertada”.
A este respecto, en el Ministerio se piensa que todo ello no
es más que un eslogan y propaganda sin fundamento. La
existencia de la enseñanza privada es una consecuencia
derivada del Artículo 27 de la Constitución y el derecho de
los padres a elegir la educación de los hijos es una piedra
angular de los derechos civiles. Por otro lado, no es malo
que exista cierta emulación positiva entre los centros
públicos y concertados por ver quién lo hacen mejor y de una
forma económicamente más eficiente.
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OPINIÓN / EL MAESTRO
